domingo, 17 de junio de 2012

HECTOR J. ZIMERMAN - SISTEMAS POLITICOS COMPARADOS Y FORMAS DE GOBIERNO.

Materiales para Derecho Político 15



SISTEMAS POLITICOS COMPARADOS.

FORMAS DE GOBIERNO.


1.- INTRODUCCION.-

La Ciencia Política contemporánea ha admitido, el estudio de las formas de gobierno llevando ésta concepción a la denominación de SISTEMAS POLITICOS.

            En la utilización de éste concepto deben resguardarse dos aspectos claves:

a)      Determinar que es un Sistema Político.

b)      Diferenciar Sistema Político del Régimen Político.

El estudio de la Política Comparada, tiende al desarrollo de la Ciencia Política, basándose en el reconocimiento de la organización del gobierno como un primer paso analizando lo teórico, a lo que se suma la experiencia, y en consecuencia las comparaciones multinacionales justifican el descubrimiento de casos particulares, que no siempre se abordan adecuadamente en consideración a las generalizaciones.

            Esta metología no desconoce la historia institucional sino todo lo contrario, recurre al pasado para la conformación de los diseños con una ventaja respecto del abordaje eminentemente constitucional. Las instituciones políticas abarcan prácticas consuetudinarias, fuerzas políticas como los partidos, los militares, o las burocracias, y las estructuras de gobierno formales. El mensaje expuesto es que esto no impide la transformación institucional, pero las respuestas del poder a las nuevas demandas y la complejidad de las mismas, no pueden desconocer el uso actualizado de instituciones ya heredadas.

            Otra de las ventajas de la Política Comparada, consiste en valorar los diseños institucionales que desde el nacimiento mismo de la Política, con Aristóteles, han desvelado a filósofos, juristas y politólogos. La misma conformación de sociedades organizadas bajo un poder común llevó al esfuerzo intelectual de introducir la organización del gobierno a través del esqueleto constitucional, pero las clasificaciones para ser correctas deben contener un riguroso análisis de los procesos de toma de decisiones y del real ejercicio del poder en la esfera del gobierno. Esta distinción, según Loewenstein, necesita de: “la anatomía del proceso del poder, a través del análisis de la forma y manera en la que se obtiene, ejerce y controla el poder político en una determinada sociedad estatal”.
 
2.- EL SISTEMA POLÍTICO:

            La caracterización del Sistema Político como unidad de análisis tuvo su desarrollo a partir de los estudios de David Easton y Talcott Parsons que provenientes de la Sociología dejaron su impronta a través del criterio funcionalista. Desde este punto de vista, los sistemas son un conjunto de elementos que articulados entre sí cumplen determinadas funciones. Para el caso del Sistema Político, el reparto autoritativo de bienes y valores.

            En los estudios académicos, el Sistema Político se identifica por la determinación de variables, que repetidas configuran formas de gobiernos. En consecuencia en la actualidad con el Sistema Político se identifica el ejercicio del poder de una manera semejante en la circunscripción delimitada.

            La utilización de variables no constituye una operación de estricta rigurosidad, por lo que el número de las mismas varían de acuerdo a los autores, pero lo razonable es que exista coincidencia entre variables para el establecimiento de categorías. Siguiendo el razonamiento de Jellinek, la identidad no es parte de los fenómenos sociales sino que lo análogo es la característica principal. La repetición de los elementos del sistema, justamente, es lo que permitirá construir tipologías. El procedimiento usual será, el descubrimiento de los tipos análogos y la construcción de clasificaciones.



3.- RÉGIMEN POLÍTICO.

            Si el ejercicio del poder, o el establecimiento de tipos de autoridad, permiten definir sistemas, en la concepción de Sánchez Agesta el Régimen Político es el resultado de la clasificación de sistemas a las que se suma la finalidad que se persigue. Como bien aclara el autor, el término Régimen Político es una concepción convencional.

            Los elementos que permiten precisar un Régimen Político son:

            1º.- Un núcleo central de ideas cuyo basamento son principios que constituyen una ideología, regularmente se identifican con algún tipo histórico de asociación política o con la finalidad perseguida. Así aparecen el régimen liberal o régimen totalitario, en relación al privilegio de la libertad y el Estado como un medio para el desarrollo del individuo o la preferencia por el orden en un sistema cerrado donde el sujeto es un medio y el Estado un fin.

            2º.- De toda ideología deriva una fórmula constitucional para el régimen liberal, se determina con las declaraciones, derechos y garantías que limitan el poder estatal. En el estado benefactor se proclaman los derechos sociales y en las dictaduras totalitarias prevalece el deber sobre  el derecho.

            3º.- La diferencia entre los regímenes también se marca por los criterios de legitimidad. En el régimen liberal la libre concurrencia, o la tolerancia, y un Estado retraído señalan su impronta. En el Estado contemporáneo prestador de servicios públicos, la intervención al servicio del bienestar social legitima su accionar, mientras que el apoyo en la clase, la raza o el partido, indica en el predominio de éstos sobre la vida social.

            4º.- Todo régimen tiene su apoyatura en un orden económico específico. La libre concurrencia resulta clave en el liberalismo, la planificación y el corporativismo en las dictaduras del sur europeo de comienzos del siglo XX y la centralización económica y el colectivismo en los sistemas comunistas.

            La distinción entre sistema y régimen no es casual. Los aportes de David Easton me permiten demarcar en un sistema social procesos de toma de decisiones, la existencia de autoridades, y un régimen, entendido éste último como un conjunto de normas, reglas y procedimientos para el funcionamiento de las instituciones.

            En principio ésta concepción parece nutrirse de la Sociología y la Política para delimitar, identificar y fundamentar la necesidad de las instituciones.

            En sus comienzos la inclusión de la Política como Ciencia devenía de la introducción en los estudios universitarios de la teoría del gobierno y sus manifestaciones concretas. Por ende las formas de gobiernos y la organización de los poderes constituían el núcleo central de la vida académica. La profundización de los estudios constitucionales y la autonomía de la Ciencia Política fue determinante para separar ambas disciplinas, justificando éste divorcio en que el Derecho Constitucional se ocupa de lo estático-jurídico y la Ciencia Política de lo funcional-fáctico, en lo relativo a la organización y el ejercicio del poder, cualquiera fuera la forma de gobierno.

            El pensamiento precedente permitió, que en la actualidad, se trabajen categorías como pertenecientes al Derecho Constitucional y las Instituciones Políticas, reservándose ésta última denominación para definir construcciones sociales que determinan el marco en el que se toman decisiones políticas, “por ende son explicativas de la eficacia del gobierno al condicionar la manera en que actúa el orden político” (Ridley, 1975), conforme compilan Aznar – De Luca.

            Si bien originalmente la concepción de Easton del Sistema Político además de pionera, fue paradigmática, con posterioridad también se entendió que la neutralidad de la postura (ideológicamente hablando), tornaba insuficiente la definición. Los elementos que configuran el sistema son, la comunidad política, la autoridad y el régimen.

            Complementando lo aquí abordado, Leonardo Morlino incluye el Régimen Político dentro del Sistema Político, siendo un componente esencial del primero las ideologías, los valores y las creencias. Aunque el análisis de Easton aísla el Sistema Político de los demás sistemas sociales por su capacidad para distribuir con autoridad bienes y valores, el rasgo de neutralidad es una característica propia de éste modelo. La delimitación del ambiente, y la funcionalidad en la respuesta a las demandas son mucho más importantes que la legitimidad en la que se sustenta el criterio para el reparto de los bienes y valores. En consecuencia la tesis de Morlino complementa la de Easton definiendo el Régimen Político en base a los elementos que le asignan:

            1º.- Ideología, valores o creencias.
           
2º.- Reglas de juego formalizadas y no formalizadas para la resolución pacífica de conflictos políticos.
           
3º.- Estructuras de autoridad:
                        a.- Estructuras de decisión: distribuyen costos y beneficios en una sociedad.

                        b.- Estructuras de aplicación: orientadas a la ejecución de las decisiones que aplican obediencia, y redistribuyen los recursos de la sociedad hacia el Estado.

            Lo interesante de ésta noción, es que desagrega como concepto separado al Sistema Político del Régimen Político conectando a ambos con el ejercicio del poder o la forma de gobierno. A su vez, las conceptualizaciones no implican acuerdo entre los autores. Mientras que para Loewenstein la ideología es parte del Sistema Político y con Régimen Político se alude a la forma de gobierno, para Sánchez Agesta la ideología es un componente esencial del Régimen Político.

4.- FORMAS DE GOBIERNO.

            Una comprensión sencilla del término Forma de Gobierno se concreta haciendo referencia a dos cuestiones: la estructura y su funcionalidad. Como Forma de Gobierno debe entenderse toda aplicación respecto de las instituciones de las que depende el ejercicio del poder, y su funcionalidad en cuanto al desempeño del Gobierno.

            Desde ésta mirada las tipologías que describen la organización del gobierno y su funcionamiento, son las que clasifican la “Forma de Gobierno”.

            Los diseños gubernamentales que hoy se estudian a través del análisis comparado y que definen los sistemas políticos en base a su estructuración, ideología, y las fuerzas intervinientes en ejercicio del poder, tienen una relación profunda y directa con las formas monárquicas tradicionales propias de la Europa de la modernidad. Siendo Aristóteles el primero que intenta una tipología tomando en consideración el número de los que detentan el poder y el interés que persigue el que lo ejerce en cuanto a su virtuosidad, los conceptos de monarquía, democracia, demagogia o constitución, prácticamente no han sufrido modificaciones. XX siglos después, el quiebre de la monarquía tradicional determinó el nacimiento de otro tipo de Estado y otra forma de gobierno, no por asimilación sino por contradicción.

            La Revolución Norteamericana arrastró la institucionalidad heredada y la redujo al mínimo, creando el Estado Federal y el sistema presidencialista. Esto cubre un aspecto estructural, ya que la funcionalidad se repite recayendo en órganos cuya denominación e integración resultará disímil a las ya constituidas.

            Ésta evolución histórica se ha visto condicionada por la intención de obtener en el plano interno una organización distinta, pero por vía pacífica. En este aluvión la perdida de fuerzas de las monarquías se tradujo al establecimiento de mayor número de sistemas, y más democráticos. La contemporaneidad trabajará sobre diseños institucionales, donde el segundo escalón posmonarquía no será la democracia sino su contraste, los sistemas autocráticos basados en la concentración del poder, el gobierno de los hombres por sobre las leyes, una tendencia a la concentración económica, y en los casos extremos la identidad entre Estado y sociedad.

            A efectos de no abundar en nociones y clasificaciones partimos de la idea en que efectivamente cada estado tiene una forma de gobierno condicionada con el diseño institucional y el ejercicio del poder, correspondiendo a ambas cuestiones a algún tipo de soporte ideológico y encauzamiento de la economía.

            En este intento de tornar más sencilla una tipología recurriremos a Loewenstein llama: “la clave para la clasificación de los tipos de gobierno”. Siguiendo este criterio, el elemento sustancial lo constituye el ejercicio del poder, que debe mensurarse en términos de distribución/concentración y control interorgánico/falta de contralor.

            En este enfoque, cuando el poder se encuentra distribuido en varios órganos que a su vez cuentan con mecanismos de control entre sí, que permiten una adecuada accountability horizontal, los gobiernos constituidos se denominan democracias.

            En sentido inverso, cuando el poder se halla concentrado, y no existe, o disminuye considerablemente, hasta casi desaparecer, la posibilidad de ejercer contralor interorgánico, los sistemas así instituidos configuran autocracias.

            La determinación de estos tipos de gobiernos contemporáneos conllevan a la desagregación en subtipos, obteniendo las formas originales como conceptos genéricos. Consecuentemente, la estructuración de los órganos, su integración, el control de las actividades funcionales y políticas, junto a la posibilidad de hacerlos responsables acortando los mandatos, permiten distinguir mas de un modelo de democracia.

            Por antonomasia el concepto genérico de autocracia reproduce también subtipos construidos con variables que comparan el grado de concentración del poder, el titular del mismo, la relación Estado–sociedad, y la capacidad, aunque ínfima, de contradecir al órgano decisor.

            En esta sistematización una división inicial de las Formas de Gobierno sería la siguiente:


1. PARLAMENTARIO                                                                                       DEMOCRACIA                        2. PRESIDENCIALISMO
                                                                3. SEMIPRESIDENCIALISMO
                                                                4. DIRECTORIAL
            AUTOCRACIA                              1. TOTALITARISMO
                                                                    2. AUTORITARISMO                                                                                                                                                      

            Para una mejor comprensión, tomaremos Sistemas Políticos que permitan su contraste, al mismo tiempo que delimiten, evitando las confusiones, tipos históricos concretos.

           
El recorrido se detalla seguidamente:

FORMAS DEMOCRATICAS.

            PARLAMENTARISMO: Gran Bretaña.
           
PRESIDENCIALISMO: Estados Unidos de América.
           
SEMIPRESIDENCIALISMO. Francia.
           
DIRECTORIAL: Suiza.

FORMAS AUTOCRATICAS.

            TOTALITARISMO: a) De Izquierda: Rusia de Stalin

                                              b) De Derecha: El Tercer Reich, – La Italia Fascista
                                               


            AUTORITARISMO: a) La España de Franco.

                                               b) El Proceso  Militar Argentino.



SISTEMA POLITICO DE GRAN BRETAÑA


1.      GRAN BRETAÑA y EL PARLAMENTARISMO.

La monarquía parlamentaria clásica responde a la influyente teoría de George Locke, en consideración a la posibilidad de controlar al Ejecutivo sin eliminar la figura del rey. El proceso de control en Inglaterra comienza institucionalmente en 1215 con la Carta Magna, donde Juan Sin Tierra se compromete a respetar determinados derechos que garantiza a sus pares y, continúa luego de la denominada Revolución Incruenta con la transferencia de facultades que originalmente ejercía el monarca soberano y que por vía fáctica recaen luego en el Parlamento que finalmente subordina al rey.

La consecuencia del establecimiento de una monarquía parlamentaria, con el tiempo reconvirtió el régimen original en una democracia con Gobierno de Gabinete. El fundamento de la limitación del poder se inicia con la Carta Magna, y continúa con la Petición de Derechos de 1628 (Petition of Rights) y, la Declaración de Derechos de1689 (Bill of Rights), con el complemento del Acta de Establecimiento de 1701.

Los autores entienden que con las proclamaciones aludidas, el Parlamento triunfa en su tesis contra el Gobierno discrecional de los reyes, a la vez que se asienta el Consitucionalismo inglés sobre el Derecho Consuetudinario, basado en el Derecho Histórico y la supremacía del “Common Law”. El Parlamento quien promulga la Ley, y a la vez los jueces, están obligados a aplicar el Derecho en base a las costumbres, las convenciones, y los estatutos vigentes. En opinión de un autor “los Derechos no tienen en principio expresión positiva sino negativa; más que de derechos se trata de libertades”. Según Garcia Pelayo los jueces son quienes definen y garantizan los derechos, siendo la supremacía de la Ley la característica del Régimen Político Británico.

Diversos factores han contribuido a que Gran Bretaña se consolide durante el modernismo como una democracia parlamentaria. Los súbditos británicos ejercen y garantizan el Derecho de igualdad ante la Ley. Las libertades fundamentales han sido respetadas tradicionalmente, la Corona, el Gabinete, la Cámara de los Lores y de los Comunes configuran instituciones caracterizadas por la sujeción a la Ley y la disponibilidad hacia la amplitud de los Derechos a favor de todos los ciudadanos. Los Partidos Políticos en un sistema bipartidista (Laborista y Conservadores) y la independencia de la Magistratura Judicial también han cooperado a lo largo del Siglo XX a favor de la representación política ampliada en imperio del Derecho a favor de una democracia institucionalizada y estable.



2.- LAS INSTITUCIONES DEL REINO UNIDO.
          
            a.- LA CORONA. La terminología no permite asimilar en el caso de Gran Bretaña al Estado, tal como surge de la Teoría del Estado del Derecho Público Alemán, a la Corona. Gran Bretaña refiere al Reino de Gran Bretaña, lo que representa para los súbditos de la Corona más que una relación con la Monarquía un símbolo de unidad. Tampoco se asemeja el Reino a la noción de Estado implementada por el Absolutismo Monárquico Continental, aunque la vigencia del Absolutismo también haya dejado sus huellas en “la Isla”.

            La Corona significa, en opinión de García Pelayo;

1) La unidad de los Poderes Jurídico y Políticos Británicos. De ésta manera se denomina el Rey o la Reina en Parlamento, el Rey o la Reina en su Corte de Justicia o el Gobierno de Su Majestad relacionando la labor del Ejecutivo.

2) La unidad también refiere a la integridad. Un enemigo de Gran Bretaña es un enemigo de la Corona y el Servicio Secreto no pertenece al Ministerio de Gobierno del que depende,  sino que está al servicio secreto de Su Majestad.

3) Un centro de imputabilidad. El Sistema Político Administrativo se imputa a la Corona, mientras que en países como el nuestro los actos se imputan al Estado.

4) La Corona, es un ámbito de neutralidad, ya que continúa en el tiempo independientemente de los avatares políticos o del Derecho Constitucional estatuido.

Con estas características la Corona forma parte del Poder Ejecutivo. En ocasiones se distingue entre Rey y Corona, o Rey o Corona. En correlato del Derecho Consuetudinario la Monarquía es hereditaria, y tanto hombres como mujeres están legitimados para el ejercicio del cargo. El ejercicio corresponde a los varones antes que a las mujeres, sujetos al Derecho de Primogenitura. En el caso de tener hijas únicamente accede la mayor y sus hijos, no teniendo derecho a la Corona sus hermanas  como coherederas. 

En el constitucionalismo despliega la idea de que al ser parte del Poder Ejecutivo, éste es dual, diferenciándose así del Sistema Presidencialista.

Las facultades o poderes de la Corona han sido motivo de discusión, ya que todos los actos administrativos se realizan en nombre de la Corona, por ello se ha sostenido que al ir delegando competencias la monarquía, la prerrogativa recae en el Rey o Reina y la discrecionalidad en las Cámaras.

La Corona también es irresponsable políticamente, ya que el Derecho Consuetudinario ha formulado la imposibilidad de que el Rey “pueda hacer el mal”. De allí deriva el principio de que no pueda autorizar por delegación la ilegalidad. La Corona no puede ser enjuiciada directamente ya que los Tribunales administran justicia en su nombre. A su vez, solo se puede recurrir a ella mediante súplica.

Los poderes que conserva la Corona se conocen como Prerrogativa Real,  habiéndola definida Blackstone como: “La preeminencia especial que tiene el Rey sobre y encima de todas las demás personas y fuera del curso ordinario del Common Law, en virtud de su real dignidad. Puede ser aplicada a aquellos derechos y facultades que el Rey posee solo, a diferencia de otros, y no aquellos que el Rey tiene en común con sus súbditos”. Para Dicey es: “El residuo de autoridades discrecional o arbitraria que ha sido dejada en manos de la Corona”. De conformidad a ésta definición los poderes de la Corona también se conocen como residuales.

La significancia de esto poderes de prerrogativa implica que solo pueden ser ejercidos por el Rey con el consejo y refrendo de un Ministro responsable, en su mayoría. Muchos actos de la Corona son ejecutados en forma oral, aunque después se formalicen por escrito. Un acto particular es el nombramiento del Primer Ministro, que se origina en una entrevista donde, el Rey invita al Jefe del Partido triunfante en las elecciones a formar gobierno. Este procedimiento deriva de la costumbre y no de la Ley escrita. Hasta mediados del Siglo XIX la Corona elegía el Ministro entre varios líderes políticos, pero posteriormente se impuso a criterio de que la elección recaiga en el conductor del partido más votado.

Se reconoce una división de los poderes de la Monarquía Británica en:

a) ordinarios,

b) absolutos y,

c) inseparables.

a) ORDINARIOS: corresponden a la administración de la justicia y se caracterizan por ser no discrecionales, debido a la existencia de procedimientos establecidos.

b) ABSOLUTOS: denominados discrecionales, refieren a la intervención en la Política Internacional, y el indulto de los delincuentes.

c)      INSEPARABLES: aquello que solo posee mediante una Ley del Parlamento.

Se debe considerar también que la prerrogativa real puede ser regulada mediante estatutos del Parlamento, que incluso pueden abrogar expresamente las potestades reconocidas como prerrogativa. Los poderes de prerrogativa se ejercen con la cooperación de un Ministro, salvo el acto inicial de elección de Premier. Aunque se tilden de residuales las atribuciones del Rey comprenden actos Legislativos, Judiciales, Ejecutivos, Genéricos de Estado y, Eclesiásticos.

Así por ejemplo la Corona reúne el Parlamento y lo disuelve, intervino en la designación de los miembros de la Cámara de los Lores hasta la última reforma, forma parte del proceso de sanción de leyes para los acuerdos de Cámaras, y legisla para las colonias en ocasiones.

Dentro de los Actos Judiciales ejerce el Derecho de Gracia y concede excepcionalmente Apelaciones.

En lo referente a lo Ejecutivo es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, nombra a los Oficiales y puede conferir Títulos y Honores.

En lo denominado Actos Genéricos de Estado, se ocupa de las Relaciones Exteriores, y de los actos concernientes a dicha función, como las Relaciones Diplomáticas, declaración de guerra, concertación de la paz y acuerda Tratados.

La Corona es cabeza de la Iglesia Anglicana y nombra las autoridades superiores y sanciona los Cánones.



b.- EL PARLAMENTO.

Es normal referirse a la Constitución del Órgano Legislativo: “El Rey en Parlamento”. Justamente esta distinción también constituye un indicador para referirse al Sistema de Gobierno como de coordinación de poderes. Según Maurice W. Thomas, el Rey es parte esencial del Legislativo ya que desde 1295 el Parlamento se compone del Rey, los Lores, y los Comunes, por lo tanto ningún proyecto es ley hasta que obtiene la sanción real (Royal Assent). Ttambién la costumbre ha establecido desde hace dos siglos que el Rey no se inmiscuya en la labor de las Cámaras, siendo el último derecho de veto ejercido en el año 1707, cuando la Reina Ana se negó a sancionar el Proyecto de Ley sobre la Milicia de Escocia. Por fórmula el funcionamiento del Parlamento en realidad es “El Rey es Parlamento”.

Las funciones que cumple el Parlamento Británico pueden resumirse en las siguientes:

a) Creación y fiscalización de los impuestos. Surge de la disposición de 1395 donde la condición de dinero se hacia al Rey “por los Comunes con el consejo y el consentimiento de los Lores espirituales y temporales” y por la resolución de Enrique IV de 1407, cuando concedió que todos los subsidios se votaran en la Cámara de los Comunes y solo se informaba al Rey por el Speaker cuando eran aprobados.

b) Aprobación de las leyes. Esta es considerada la función más específica del Parlamento a través del debate representativo. En consideración a que el acceso al órgano es por votación popular y que en el se ven representados distintos sectores, la Cámara pasa a ser un interprete de las demandas y necesidades populares.

c) Crítica y control del gobierno. Esto se basa en el papel institucional que cumple la oposición en al Parlamento. En opinión de un autor sus miembros son: “críticos profesionales”. A su vez, la costumbre impuso que en los debates la oposición indefectiblemente haga saber su opinión respecto de los proyectos y medidas impulsados por el oficialismo y el gobierno. También es de práctica por parte de la minoría la composición de un gabinete sombra, que se convierte en la oposición de Su Majestad.

Hasta la sanción del Parliament Act en 1911, el Parlamento en ejercicio duraba siete años, reduciéndose después de esta fecha a cinco, y actualmente en la práctica a cuatro. La prórroga de la duración del Parlamento ha sido excepcional, pero regular, en períodos de emergencias o de crisis, como en el caso de conflictos bélicos.

La Corona todavía conserva funciones formales respecto de las Cámaras, ya que necesita del ejercicio de la prerrogativa real para la convocatoria o la disolución del órgano. Este acto conocido como el de Proclamación Real (Royal Proclamation), para el último caso, en la tradición requiere que dicha medida sea aconsejada por el Primer Ministro.

A diferencia del Sistema Presidencialista donde la reunión de Cámara se conoce como Sesión, en el modelo inglés la Session indica la labor correspondiente al calendario anual. Por práctica, el Parlamento debe reunirse en sesión anual para la aprobación del Presupuesto y la Ley del Ejército.


a) La Cámara de los Comunes.

Su composición deriva de la elección por sufragio universal, siendo ésta por distritos y sistema de representación mayoritaria. Originalmente tomó su nombre para distinguirse de la Cámara de los Lores en representación evidentemente aristocrática, ya que a esta solo acceden quienes poseen título de nobleza. Aún así es interesante recordar tres cuestiones significativas:

* La Cámara de los Comunes ha sido y en algunos casos continúa siendo un cuerpo de composición aristocrático, conforme Linares Quintana. A ella ingresaban los hijos de los Lores y los notables financieros y profesionales.

* Recién en 1948 la Representation of the People Act eliminó la representación corporativa que se reconocía anteriormente para la Cámara Baja a las universidades (Bancas: Oxford-2, Cambridge-2, Londres-1, Universidades restantes-2).

*El Parliament Act de 2005 redujo la cantidad de nobles hereditarios. 

El Acta de Representación del Pueblo de 1948 dividió el territorio en 625 circunscripciones, estableciéndose la posibilidad de revisar las mismas desde el House of Commons Redistribution of Seats Act de 1944, para las circunscripciones Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, no antes de tres años ni después de siete.

La potestad legislativa de los Comunes deriva del Acta Parlamentaria de 1911, que posibilita la aprobación de leyes sin el consentimiento o intervención de la Cámara de los Lores. Esto permite que la aprobación de presupuesto requiera solo la discusión de la Cámara Baja, y es el resultado de un proceso inverso, emergente en la medida que históricamente los representantes del pueblo se opusieron a que el Rey legisle o cree tributos sin su consenso.

Se reconoce en ésta Cámara como el escenario más representativo para el debate respecto de los intereses del Reino Unido en su conjunto. De la Cámara surge el Primer Ministro y parte de sus colaboradores, y en la Cámara se debate tanto la conformidad como el rechazo a la gestión del gobierno.

Discrepar con la política oficial obliga al gobierno a dimitir, aunque la costumbre durante todo el Siglo XX ha sido por parte del Primer Ministro solicitar a la Corona el uso de la prerrogativa real y disolver la Cámara, obligando con ello al nuevo llamado a elecciones para su recomposición. El rechazo se manifiesta cuando existe mayoría parlamentaria para oponerse a una medida del gobierno o directamente con un voto de censura. Entienden también los autores que ante la negatoria a dimitir, la Cámara cuenta con poderes suficientes para obligar a la presentación de la renuncia.

El Presidente de la Cámara recibe el nombre de Speaker, elegido por los miembros al comienzo de cada Parlamento y es normal su reelección por lo que en la práctica su cargo se convierte en vitalicio. Siendo aprobado por el Reino su nombramiento utiliza la siguiente fórmula, en la reunión de apertura:

“Es ahora mi deber en nombre y representación de los Comunes del Reino Unido presentar a Su Majestad mi humilde petición para todos los antiguos e indudables derechos y privilegios, especialmente para la libertad de palabra en los debates, inmunidad a la detención y libre acceso a Su Majestad cuando la ocasión lo requiere”.

La replica que es solo formal dice: “Su Majestad confirma gustosamente todos los derechos y privilegios que han sido conferidos a los Comunes por algunos de sus reales antecesores”.

El Speaker tiene una función primordial, es el responsable de certificar si un bill (proyecto de ley) tiene implicancia financiera o no. Si la respuesta es afirmativa no pasa al tratamiento de los Lores. Además es el único que puede mantener el orden, dirigir los debates, o ceder la palabra. Institucionalmente se admite que la Cámara no puede funcionar sin su intervención. En una tradición de siglos donde no se conocía algún caso de abuso de poder, de imparcialidad, o malversación, recientemente en el 2009, el Speaker en funciones renunció por haber sido denunciado por el manejo arbitrario del presupuesto de Cámara.

El jefe de la oposición también se encuentra institucionalizado por las costumbres y las regulaciones legales. Se le reconoce un sueldo por su cargo a través de un fondo consolidado, y no del presupuesto legislativo. Esto debido a su importancia como Leader of the Oppositon, y las disposiciones del Ministers of the Crown Atc de 1937, ya que se trata de un elemento indispensable del gobierno, y su labor en razón de sus obligaciones debe ser remunerada.

Nelson Michaud en un estudio comparado sobre la designación de la oposición oficial en el sistema parlamentario con modelo Westminster sostiene que el líder de la oposición y algunos de sus principales colegas forman un grupo donde cada uno de los miembros tiene un rango particular de actividades que conducen a criticar directamente al gobierno su política y administración esbozando una política alternativa. La práctica le reconoce al líder de la oposición algunos derechos particulares  en las sesiones donde comparecen los ministros, como así también en los debates, en lo que refiere a la solicitud o requerimiento de los temas en tratamiento. Estas ventajas en relación a sus pares tienen una triple naturaleza, originada en su nivel de exposición, credibilidad, y viabilidad. En los hechos la exposición se traduce en contar con mayor tiempo en los debates, las deliberaciones, o el interrogatorio al Primer Ministro. Su credibilidad surge de la posibilidad que los votantes identifiquen en su liderazgo una alternativa política posible. La viabilidad es producto de su independencia, fundamentalmente la económica, que puede derivar de la paridad de sueldo con el Primer Ministro o una posición de privilegio en cuanto a bienes o servicios de los que se proveen.


Las Comisiones.

A diferencia del Sistema Presidencialista donde la labor parlamentaria se divide con temas específicos para cada una de ellas y la determinación de atribuciones y competencia pertinente,  se ha reconocido en el Parlamento Británico la importancia de dos comisiones hasta casi fines del Siglo XX, cuya conformación es diferente al modelo presidencialista destacándose:

La Comisión de Cámara (Committees of the Whole House). Lleva el nombre de Comisión pero en realidad se integra por la totalidad de la Cámara sin la presidencia del Speaker. Su trabajo se divide en dos comisiones que tienen competencia en lo financiero: el Committe of  Supplys –Crédito o Presupuesto- y el Committe of Ways and Means –Medios y Arbitrios-. El trabajo de las Comisiones tiene que ver con los ingresos públicos ya que el procedimiento consiste en que la primera apruebe los créditos y la segunda redacte las Resoluciones autorizándolos, lo que determina que no se pueda gastar un solo penique sin la fiscalización ejercida por el Parlamento. En síntesis, la Comisión de Créditos decide las sumas y los fines de los ingresos públicos y la Comisión de Medios y Arbitrios autoriza los pagos necesarios del Fondo Consolidado. La preponderancia de la Cámara de los Comunes deriva de la Reforma de 1911 con la aprobación del Parliament Act, donde se transformó en un privilegio exclusivo en la Cámara Baja la concesión o autorización de créditos a la Corona. Todo proyecto que tenga carácter de “Money Bill” no necesita de la aprobación de la Cámara de los Lores y luego de un mes del ingreso del proyecto sin tratamiento puede remitirse a la sanción real.

Para Fraga Iribarne un Money Bill es un proyecto que, en opinión del Speaker, contiene disposiciones relativas a la imposición, derogación, remisión, alteración, o regulación, de cargas públicas, el establecimientos de cargos contra el Fondo Consolidado o dineros que el Parlamento haya concedido para el pago de deudas públicas o para otros fines de haciendas públicas, o para variar o suprimir dichos cargos, concesión de crédito y todo lo relativo a cuentas públicas o pagos de empréstitos. Se excluye del concepto todo lo relativo a haciendas locales.

Los estudios del Parlamentarismo británico atribuyen a la singularidad de ser el partido gobernante responsable del programa de gestión debiendo conservar en el Parlamento la mayoría, y ser éste la “arena” donde se debaten las propuestas, la necesidad de contar con comité o comisiones especializadas. En opinión de Norton esto llevó a un proceso de institucionalización de las comisiones en la década del 70, y ha alcanzado un importante desarrollo a nivel intraparlamentario, pero no ha alcanzado el mismo grado de evolución a nivel intracomisiones. La práctica permite que haya comités diferentes que atienda los mismos temas, como también que ciertas cuestiones sean tratadas por comisiones seleccionadas. Aún estos últimos, que cuentan con una especialización mayor su existencia y funcionamiento dependen del gobierno.

El primer avance para la especificación se dio en 1979  con la creación de comités permanentes con relación con los departamentos de gobierno (excluyendo originalmente los de Irlanda del Norte y el del Lord Chancellor´s). Por la propia evolución intraparlamentaria en 1997 se contaban los siguientes comités/comisiones departamentales:

1.- Agricultura; 2.- Cultura, Medios y Deportes; 3.- Defensa; 4.- Educación y Empleo; 5.- Medio Ambiente, Transporte y Asuntos Regionales; 6.- Relaciones Exteriores; 7.- Salud; 8.- Vivienda; 9.- Desarrollo Internacional; 10.- Irlanda del Norte; 11.- Administración pública; 12.- Ciencia y Tecnología; 13.- Escocia; 14.- Seguridad Social; 15.- Comercio e Industria; 16.- Tesoro; 17.- Gales.

Norton entiende que la especialización deriva de que: los miembros del Parlamento apuntan a su permanencia, las comisiones tienen un número reducido de miembros, la determinación de competencias, la libertad para desarrollar una agenda propia, y la posibilidad de contar con la colaboración de especialistas.

Este predominio de los Comunes sobre la aristocracia no implica una posición de preferencia en la estructura de gobierno. Ha sido regular que el Parlamento deje el manejo de las políticas públicas en manos del Primer Ministro y su gabinete. Para Roth y Wilson el fortalecimiento del Ejecutivo a expensas del Parlamento es consecuencia de factores como 1.- La industrialización de las sociedades que requieren dirigentes con conocimientos más técnicos y ejecución de políticas voluminosas y complejas; 2.- La gestión del Ejecutivo se indentifica con una rapidez que no es propia de los cuerpos legislativos; 3.- La disciplina partidaria que en términos de apoyo y lealtades desde el Parlamento hacia el Gobierno es mucho más sólida que en otros sistemas políticos. Estos autores reseñan la composición de un gabinete británico en la década de 1970, y aclaran que hasta esta etapa histórica era normal que un Primer Ministro y sus colaboradores de gabinete cuenten con una veintena de años como parlamentarios en la Cámara de los Comunes.

Finalmente, la legitimidad del gobierno depende también de la legitimidad de la Cámara de los Comunes ya que aceptando ésta la política del Ministro y su gabinete, o rechazándola, la dimisión se convirtió en una medida inusual, siendo la disolución de la Cámara y un nuevo llamado a elecciones el camino apropiado para medir el apoyo del electorado.


b) La Cámara de los Lores.

La composición de ésta Cámara se caracteriza porque sus integrantes pertenecen a la nobleza británica. Algunos autores discuten su integración eminentemente aristocrática, ya que muchos de ellos recibieron su título por el sistema de pairías y no por sucesión hereditaria. También debe destacarse que tiene una esencia corporativa ya que no todos los pares provienen del mismo origen, de esta manera históricamente se reconocían pares temporales y pares espirituales que se dividen en: 1.- Pares hereditarios del Reino Unido; 2.- Pares de Escocia; 3.- Pares de Irlanda; 4.- Lores Judiciales. Es la única Cámara donde parte de sus miembros reciben el título por sucesión, aunque la reforma propuesta por Tony Blair ha modificado sustancialmente su carácter tradicional en dos aspectos básicos, 1.- La herencia en los títulos nobiliarios; 2.- Las funciones judiciales.

Para Fraga Iribarne hay  un segundo grupo de Lores (vitalicios), sin derecho a sucesión a sus descendentes. Como consecuencia de la “Life Peerage Act de 1958”. Esto permitió también el ingreso a la Cámara de las mujeres.

Así se distinguen:

a.- Newly Created Peers. Así se denominan a los Lores nombrados por primera vez.

b.- Lores Espirituales. Arzobispos y Obispos de la Iglesia Anglicana. Algunos incluyen al Rabino Mayor de Inglaterra.

c.- Lores Jurídicos. Tradicionalmente jueces intervinientes para las apelaciones.

d.- Lores Escoceses. Pertenecientes al Reino Escocés.

e.- Lores Irlandeses. Grupo en extinción.

f.-  Otros Pares vitalicios. Con designación de por vida.


Dentro de los Lores Espirituales se encuentran los Arzobispos de Canterbury y York, los Obispos de Londres, Winchester y Turham, y 21 Obispos Diocesanos. Los Lores Judiciales en número de 12 cumplían hasta el 2009 funciones en el seno del Comité de Apelación (Appellate Committe) máximo órgano de apelación suprema en Gran Bretaña. En un proceso de devolución de poderes por la aceleración de elecciones del Parlamento Escocés y de la Asamblea Nacional de Gales, estos cuerpos legislativos reasumen competencias en ámbitos tales como salud, transporte, vivienda, educación, religión, etc., reteniendo sus atribuciones el Reino Unido de Gran Bretaña en materia de política exterior, defensa y seguridad nacional, empleo y seguridad social, política macroeconómica y medios de comunicación, entre otras áreas. Por la reforma impulsada por el ex Ministro Blair los pares hereditarios han quedado reducidos a un número de 92, y se suprimió la prohibición de que los pares puedan ser electos para la Cámara de los Comunes. Un segundo tramo prevé la posibilidad de ingresar a la Cámara por sufragio popular. En lo que respecta a las funciones judiciales en octubre del 2009 se creó la Cámara de Apelaciones de Gran Bretaña con el juramento de once Lores Judiciales más un Presidente, que dejan sus funciones en la Cámara Alta convirtiéndose en integrantes de un Órgano Judicial independientemente del Poder Legislativo.

Los pares vitalicios reciben su título por ser consideradas personas de prestigio, trayectoria partidaria, funcionarios, líderes sindicales, académicos, o personalidades relevantes de la cultura nacional. Su origen se remonta a la necesidad de contar con un número de asistentes adecuados para el funcionamiento de la Cámara, en los períodos donde los Lores intervenían en el proceso legislativo de los proyectos de índole presupuestaria.

Se puede comentar que la Cámara de los Lores es la única Cámara que puede funcionar por la ausencia de sus miembros. Como el número de titulados llega a 1.000, la Cámara sesiona gracias a que el promedio de asistentes es solo entre 80 y 100 miembros. Al momento  de aprobar la última Reforma se contabilizaron a favor del proyecto 221 votos, en contra 81, y casi 1.000 abstenciones.

Las funciones que desempeña este cuerpo se pueden reseñar en:

a) Procesamiento y revisión de la legislación. Toma intervención en todos los proyectos que no tienen carácter económico financiero, y se reconocen tres presentaciones como fase de legislación. Un proyecto puede ingresar por cualquiera de las Cámaras aunque tradicionalmente su entrada se efectúa por la Cámara de los Comunes. En un primer paso tiene la presentación oficial. El  segundo hace  lugar al debate sobre la Ley propuesta, y en caso de requerir enmiendas pasa a la consideración de la Comisión. Finalmente,  se acepta también en una tercer presentación que se efectúen enmiendas siempre y cuando no haya culminado totalmente el debate en una fase anterior. Con la  aprobación  pasa al Asentimiento Real para convertirse en Ley.

b) Control y fiscalización del Gobierno. Esta función se ha acrecentado notablemente por la difusión de los debates por los medios de comunicación, y por la labor de los Comités de Investigación. A diferencia de los Comunes, los Lores no pueden rechazar la política del Primer Ministro y su Gabinete, pero el prestigio y la calidad de sus debates, pueden influenciar en el electorado.

c) Judiciales. Con anterioridad de la Reforma funcionaba como Tribunal de Apelación en última instancia de las causas civiles y criminales. Con la creación del Tribunal Supremo se mantuvo la naturaleza de los jueces (Lores Judiciales), pero se independizó la justicia de revisión ya que no depende del Poder Legislativo. Sin embargo se debe recordar, que debe conservar las funciones judiciales para los casos de primera y única instancia con competencia originaria, en los casos de altos delitos (Hig Crimes) y transgresiones (Misdemeanours). En estas situaciones pueden intervenir todos los miembros de la Cámara.

En términos generales la tarea de la Cámara se puede sintetizar en el tratamiento de:

a) Sesión de pregunta: Los miembros de la Cámara dirigen preguntas al gobierno y tienen por objetivo controlar la gestión oficialista y conocer sobre la marcha del Gobierno. El interrogatorio es respondido por un vocero o miembro del Gobierno.

b) Debate Legislativo: Aquí se discute y trata un Proyecto de Ley, ya sea en su segunda presentación o por enmiendas.

c) Debate Corto: Corresponde a una sesión que no dura más de noventa minutos y que puede darse diariamente, se realiza para el tratamiento de temas políticos o de preocupación actual.

El funcionamiento de la Cámara difiere de los Comunes en el desempeño de la Presidencia (que no dirige los debates, ya que la Cámara es autorreguladora), el cargo es electivo por el propio Cuerpo y políticamente es imparcial. El lugar que ocupa en el recinto se conoce con el nombre de “Woolsack” (saco de lana), que refleja el sillón tapizado relleno de lana, que tiene origen en la Edad Media con motivo de haber sido la industria lanera la de mayor gravitación en la economía del país.

Al igual que en la Cámara de los Comunes los miembros responden a los partidos políticos aunque tradicionalmente se reconoce también un sector de independientes. Estos últimos se denominan Crossbenchers.


La composición de la Cámara en el año 2008 era la siguiente:


               1.Vitalicios            2. H e r e d i t a r i o s            1.Vitalicios
AFILIACION

Elegido por el partido +
Elegido por la casa entera
Funcionarios Reales
Señores espirituales
Total
Laborista
213
2
2
-
-
217
Conservador
154
39
9
-
-
202
Demócratas liberales
73
3
2
-
-
78
UKIP
1
1
-
-
-
2
Crossbenchers
164
28
2
2
-
196
Señores Spiritual
-
-
-
-
26
26
Otro
10
1
-
-
-
11
Total
615
74
15
2
26
732
  Composición de la Cámara, (No se contabilizan quienes están en uso de licencia).
   -Año 2008-.

Los pares partidarios siguen la disciplina de su agrupación política y cada una de ellas tiene su líder en la Cámara, los independientes tienen un representante de bancada.

La Cámara mantiene un régimen de cinco comisiones permanentes:

1.- Comisión de la Unión Europea.
2.- Comisión de Ciencia y Tecnología.
3.- Comisión de Asuntos Constitucionales.
4.- Comisión de Asuntos Económicos.
5.- Comisión de Comunicaciones.

La institucionalización del trabajo en comisiones tuvo un fuerte impulso con la inserción de Gran Bretaña en la Comunidad Europea en 1973 y la creación del Comité de la Unión Europea. A esto siguió la formación del Comité de Ciencia y Tecnología en 1980. Los Lores han vitalizado la importancia de la Unión Europea y han repartido su tarea en seis subcomités:

1.- Asuntos Financieros y Económicos, Comercio y Relaciones Exteriores;
2.- Energía, Industria y Transporte;
3.- Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor;
4.- Agricultura, Pesca y Alimentos;
5.- Legislación e Instituciones;
6.- Asuntos Sociales, Educación y Vivienda.


c.- DEL CONSEJO PRIVADO AL GABINETE.

Por tradición, la Corona que concentraba los poderes actuaba con el asesoramiento y consenso de un cuerpo de consejeros que recibió el nombre de Consejo Privado (Privy Council). Con el tiempo el Consejo como cuerpo consultivo se transformó en el Gran Consejo al aumentar los representados con la convocatoria a los señores feudales, y los representantes de los condados y las ciudades. Este gran Consejo se transformó en la Cámara de los Lores que hasta hoy funciona con esa característica para los asuntos en que se requiera su opinión. Aún así, la Corona siempre se nutrió de un número indeterminado de personas a los que en forma privada convocaba para temas importantes, constituyendo este grupo un Cuerpo Consultivo, por lo tanto el Consejo Privado comenzó a diferenciarse del Parlamento. A partir de la dinastía de los Tudor los consejeros privados pasaron a ser los Ministros del Rey, y en ellos fue delegando la Corona sus tareas y facultades. La costumbre de llamar a una parte del Consejo y no a su totalidad convirtió a los consejeros convocados en Ministros, que se encargaron poco a poco de los asuntos del Estado. Con Carlos I este pequeño cuerpo desprendido del Consejo Privado se llamó Comité de Estado o por sus detractores Consejo de Gabinete. Desde Guillermo III se distingue hasta hoy entre gabinete y Consejo Privado, reservándose solo al primero el gobierno británico.

La costumbre ha provocado que se reconozca como gabinete al Cuerpo de Ministros y Secretarios encargados de los asuntos del Reino, pero la denominación continúa solo por tradición, ya que no todos los funcionarios precitados asisten a las reuniones de gabinete. De acuerdo a la importancia de los temas en cuestión el Gabinete puede sesionar con una composición promedio de seis miembros y más, mientras que el grupo ministerial ronda la veintena de cargos.

A partir de 1937 se delimitó en parte el diseño ministerial con la Ley de los Ministros de la Corona (Ministers of the Crown Act), pero su competencia, funciones, atribuciones, derivan de convenciones constitucionales más que de la Ley. Desde el comienzo del Siglo XX hasta la actualidad, las características del Gobierno de Gabinete inglés permanecieronn casi inmodificables, tal como describimos seguidamente:

a) El gobierno recae en un solo partido, que cuenta con la mayoría en la Cámara de los Comunes, y todos los ministros pertenecen al mismo partido. En ocasiones se intentó la formación de gobierno de coalición, como en el caso del reinado de Guillermo III, la práctica y la experiencia han determinado que se obtiene un resultado más beneficioso con el gobierno de un solo partido.

b) El Ministerio se integra con miembros del partido mayoritario, que pertenecen a ambas Cámaras. La regulación ministerial por acta impide que la totalidad de los cargos correspondan solo a la Cámara de los Comunes. Por lo tanto, Lores de la bancada partidaria también integran el Ministerio. El Ministerio en realidad es una denominación genérica. Los Ministros de las áreas reconocidas son acompañados por otros Ministros sin Cartera y secretarios con rango Ministerial. A partir de Churchill ha sido común la designación de Ministers Without Portfolio, aunque la denominación Ministros sin Cartera ha provocado ciertas críticas. A su vez autores como Duverger cuestionan que el calificativo Minister of State no sería adecuado.

c) El Gabinete es una composición reducida del Ministerio, ya que no todos los Ministros son miembros del mismo.  Para la composición del Gabinete se recurre a los Ministros más importantes como el Lord Canciller, el Primer Lord de la Tesorería, el Primer Lord del Almirantazgo y el Secretario de Estado. A su vez no siempre convoca el Jefe del Gabinete a los mismos Ministros, sino que lo hace en consideración a los temas y cuestiones de Gobierno en tratamiento. Los autores difieren en cuanto al número que hace a la composición media del Gabinete, pero se estima que oscila entre seis y diez Ministros. Thomas apunta que en tiempos de conflicto o guerra se ha creado un gabinete “intimo” o de guerra acorde a las circunstancias.

d) El Gabinete funciona con un Jefe Premier. Aunque no hay acuerdo en la denominación del Primer Ministro, o Jefe del Ministerio, el Líder del partido mayoritario, que es llamado a formar gobierno por la Corona, es quién conduce el Gabinete constituyéndose en su figura más sobresaliente. Aun con la característica de la responsabilidad colegiada el Gobierno se identifica con lo que hace el Primer Ministro. Nombra a los Jefes de los diversos Departamentos del gobierno, los controla, informa al Rey/Reina sobre los asuntos de Estado más importantes.

e) La responsabilidad del Gabinete es colegiada, no hay acuerdo en la terminología usada para describir el rechazo del Parlamento al accionar del gobierno, siendo una de las funciones de la Cámara de los Comunes la de fiscalizar el gobierno a través de un voto de desconfianza sobre la gestión del gobierno, o un voto de censura sobre algún proyecto en particular. El presente constitucional indica que la responsabilidad es colectiva, por lo tanto correspondería la dimisión del Primer Ministro y todo su equipo ante la perdida de la mayoría parlamentaria. A su vez la tradición impuso que ante esta situación desde comienzo del Siglo XX hasta hoy el Primer Ministro solicite a la Reina la disolución del Parlamento provocando así un nuevo llamado a elecciones.

f) El cambio de sujeto de la Soberanía. La revisión histórica permite visualizar el traspaso del poder soberano desde el diseño Institucional al electorado En un primer paso el Rey cedió atribuciones al Parlamento, la consolidación del Gabinete hizo que éste se transformara en el principal órgano de gobierno, resignando los poderes de prerrogativa de la Corona y asumiendo su responsabilidad frente al control del Parlamento, pero en definitiva frente a la disolución el Órgano Legislativo en última instancia es quién ejerce el Poder Soberano en cuanto a tener el Gobierno que cree merecer. Esto se observa en la elección para Parlamentarios de donde surgirá el Primer Ministro y su Gabinete, como en el caso de pérdida de la mayoría y llamado a elecciones anticipadas donde puede con el nuevo sufragio revalidar la gestión de gobierno dándole la mayoría al mismo partido.

*La excepción del 2010.

 Recientemente, las elecciones británicas, -por su modelo de funcionamiento-, permitieron a quién obtuvo el primer lugar (Cameron), pero no llegó a contabilizar la mitad mas uno de los escaños en la Cámara de los Comunes,  formar gobierno mediante una coalición con el tercer partido en número de votos, reconocido como liberal. El acuerdo programático obligó al líder partidario sumado a la coalición a dejar sin efecto varias de sus propuestas de campaña, anunciando públicamente su desistimiento en tomar medidas que contradigan las reformas anunciadas por Cameron. El respeto a las instituciones, y la experiencia históricamente excepcional de haber formado anteriormente gobiernos de coalición, ha permitido la ausencia de abundantes  críticas o  resentimientos a esta alianza, a lo que se debe adicionar el hecho que ninguno de los partidos tradicionales había alcanzado la mayoría propia, y la alternancia en el poder como un hecho social y políticamente aceptado y respaldado por la ciudadanía. Siendo muy temprano para predecir la suerte o el futuro del actual  gobierno, su mayor soporte saldrá  de la conformidad de sus propios parlamentarios y en último caso, ante una eventual pérdida de la mayoría, de lo que resuelva el electorado en una nueva elección popular por disolución de la Cámara. .         



d.- EL PODER JUDICIAL.

De un modo similar al Legislativo (el Rey en Parlamento) el Poder Judicial se ha identificado como los Tribunales del Rey (King´s Courts). En consecuencia la justicia deriva siempre directa o indirectamente de la Corona.

En principio, antes de la concentración del poder del monarca coexistían tribunales de distintas índoles y competencias diferentes. Antiguamente la división jurisdiccional comprendía los tribunales comunales de condados y los del Hundred (circunscripción territorial menor), que aplicaban el Derecho Consuetudinario tanto en causas civiles como criminales. Conjuntamente los Tribunales Feudales se encargaban de los pleitos entre vasallos, originariamente civiles, y por autorización de la Corona de los criminales. En orden ascendiente, el Tribunal del Rey llevaba los litigios entre los señores feudatarios y de los poblados que recurrían por denegación de justicia, de las causas tramitadas en los Condados y los Hundred. Con el tiempo los Tribunales del Rey fueron atrayendo los juicios a expensas de los demás órganos con una serie de ventajas, entre las que se encontraban el restablecimiento de derechos conculcados. Este traspaso significó a su vez una fuente de ingreso para la Corona, ya que el acceso a su jurisdicción exigía el pago de un canon. El argumento principal fue el de ampliar la gama de los derechos a restablecer que solo podían ser juzgados por los Tribunales del Rey. Thomas cita: “estos son los derechos – decían las Leyes de Canuto- que el Rey tiene sobre todos los hombres de Wessex: ruptura de la paz del rey, allanamiento de morada, emboscada, encubrimiento de proscriptos, desacato de los llamamientos al ejército”. Además de incrementar la competencia en los delitos judiciables progresivamente, el fundamento de acudir a la Corona hasta la Reforma Judicial de 1915 fue “la violación de la paz del Rey”. En la práctica la regla fue que el Rey o su Tribunal entendieran en la mayoría de las causas y la excepción que recayeran en los Burgos, Condados o Juzgados locales.

Un antecedente importante en la organización del Poder Judicial fue la Ley de la “Judicatura”, que aun simplificando la dispersión de la jurisdicción, no logró quitar la complejidad “sui generis” que posee el sistema británico. Así se crearon Tribunales inferiores en lo civil y criminal con competencia en los condados, Jueces de Faltas y Tribunales de jurisdicción sumaria. Los fallos en esta instancia admitían la apelación ante audiencias trimestrales, consistentes en la reunión de los jueces de paz del condado. Estas audiencias también atendían el juzgamiento de delitos menores, causas de imposición de contribuciones, concesión de licencias, y legislación protectora de los pobres.

Con el alto Tribunal de Justicia, se admitía la instancia en grado de apelación, como también la atracción de las causas de los Tribunales inferiores en grado de revisión, con tres divisiones:

a.- El Banco del Rey, con competencia en lo civil, criminal, comercial y administrativo.

b.- La Cancillería: en juzgamiento de casos de equidad.

c.- Sucesiones, divorcios y almirantazgo, para tratar sobre testamentos, divorcios y pleitos marítimos.

Una jurisdicción particular se encontraba en los Tribunales de Assize, que reemplazaron a los jueces viajeros, y los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y Criminal. Junto a esto el procedimiento demostraba una particularidad que hasta hoy subsiste con la Constitución del Juicio por Jurado, responsable del veredicto en causas civiles y criminales. El mismo se conforma por unanimidad, salvo que las partes acepten la regla de la decisión mayoritaria, en las causas civiles. En lo penal, la costumbre indica que los acusados por delitos graves deben ser oídos por un pequeño jurado. El reo tiene la opción de que el trámite se lleve ante un tribunal de jurisdicción sumaria, o por un jurado en las Assizes o en la audiencia trimestral.

Por sucesivas actas, posteriormente, se fueron incorporando reformas, que encontraron su colofón para lograr la independencia definitiva del Poder Judicial con el Constitutional Reform Act de 2005, que con algunos cambios significativos regula la no intromisión de los poderes restantes en la administración de justicia, y establece la funcionalidad del máximo responsable de la misma: el Primer Ministro que debe proponer para el acuerdo Real los nominados a Lord Canciller, Lord Jefe de Justicia y Archivero Mayor. Regularmente estos cargos se ocupan con la persona de mayor prestigio dentro del partido político oficialista.

Según la Reforma el Premier solo podrá recomendar como Lord Canciller a sujetos calificados por su experiencia. Esta se basa en una calificada trayectoria en los siguientes ítems:

a.- Ministro de la Corona.

b.- Miembro de Cámara del Parlamento.

c.- Ejercicio profesional.

d.- Profesor Universitario en Derecho.

e.- Otra experiencia que el Primer Ministro considere relevante.

El jefe de Justicia es el Presidente de la Corte de Inglaterra y Gales, y es la cabeza principal del Poder Judicial, es responsable de presentar ante Parlamento, el Lord Canciller, y los Ministros en general, los puntos de vista de la justicia sobre temas atinentes a la misma. A su cargo está el mantenimiento, la dirección y la capacitación del Poder Judicial. Su posición le permite ser Presidente de las Cortes de: a) Apelación, b) Alto Tribunal, c) Corona, d) Condados, e) Magistrados. También se lo faculta para encabezar la Justicia Criminal y de Familia o designar a alguien en su lugar. Para la Constitución de la Primer Corte Suprema, independiente de la Cámara de los Lores, se previó la incorporación de doce jueces con títulos de nobleza designados por la Corona que hayan sido miembros de la Suprema Corte de Apelación de la Cámara de los Lores, conservando el Presidente y Vicepresidente sus cargos. En caso de vacancia una comisión especial nomina a los candidatos que necesitan como mínimo dos años de experiencia en Cortes Superiores o quince años de ejercicio profesional con calificación superior en el ámbito de Tribunales y Servicios Legales acordes a la Ley de Justicia. El Lord Chancellor tiene la facultad de aceptar, rechazar, o pedir la reconsideración del dictamen de la comisión en relación a las personas propuestas. El Acta de Reforma admite el nombramiento de Jueces Interinos, y para que su constitución y actuación sea legal exige un número impar de componentes con un mínimo de tres jueces o que más de la mitad de los intervinientes pertenezcan originariamente a la Corte. El Acta especifica las competencias que se transfieren desde la Cámara de los Lores y modifica por ende todas las Leyes precedentes de organización del Poder Judicial. Asimismo también absorbe todas las actuaciones que recaían en la Comisión de Asuntos Judiciales del Consejo Privado del Rey.

La Comisión de Designaciones Judiciales para selección de Magistrados, Defensor del Pueblo (Ombudsman), interviene también respecto de miembros de Tribunal Supremo, Master, Archivero Mayor y Jefe de Justicia, Tribunales del rey, Presidente de la Jurisdicción en Familia y el Canciller de Suprema Corte. El Lord Chancellor puede con el acuerdo del Lord Jefe de Justicia elevar recomendaciones para los cargos citados. En caso de vacancia su actuación es obligatoria. El Ombudsman requiere Acuerdo Real a propuesta del Lord Canciller. La normativa prevé la exclusión expresa de quienes fueron o son: a) Abogados profesionalmente, b) empleados del Servicio Civil Británico, c) miembros de Comisión de Designaciones, d) familiares de los integrante de las Comisiones. El Lord Canciller conserva la atribución de desestimar las propuestas de quienes considera inapropiados para el cargo por su bagaje personal, actividad política o funciones relacionadas con la justicia, el Ombudsman dura en su puesto un máximo de cinco años, y no puede ocupar el cargo más de dos períodos consecutivos o alternados.

El Reform Act prevé los nombramientos principales que necesitan acuerdos de su Majestad y los que caen bajo la responsabilidad directa del Lord Canciller. Después de la Reforma la delimitación de la competencia de los Juzgados Inferiores en lo Civil, Criminal, y de Familia se perfeccionó. A su vez el sistema de división de poderes que existía con un carácter convencional, implementada por leyes y actas, en la actualidad, se asegura con la regulación de prohibiciones expresas y atribuciones propias para los ocupantes de los principales cargos, cuya asignación depende del gobierno de turno.

El derecho aplicable en Gran Bretaña deriva de:
a) la Legislación,
b) las Convenciones,

c) decisiones Judiciales.


a) La Legislación incluye el Derecho Constitucional, las Leyes propiamente dichas, los Pactos, y los Tratados.

b) Las Convenciones se diferencian del uso o las costumbres por ser obligatorias, y su puesta en práctica no emana de la actuación judicial sino de la costumbre reiterada como Norma Jurídica -no sancionada ni exigible por un fallo de los Tribunales-. Pragmáticamente no existen diferencias entre las Normas Constitucionales de Derecho y las Convenciones. Entre las más comunes se citan la convocatoria y la disolución del Parlamento, el surgimiento del Primer Ministro como líder del partido con mayoría parlamentaria, o la petición de la Corona a éste para formar gobierno.

c) El Derecho que surge de la aplicación de los Tribunales regularmente es vinculatorio para los Tribunales inferiores de la misma competencia, aquí se puede incluir a:

1.- El Common Law, que alude a las normas y costumbres que han tenido interpretación y aplicación históricamente.

2.- El Derecho Estatutario. Refiere a la práctica de los jueces de interpretar la validez de la Legislación delegada. Los autores coinciden que aunque consista en una interpretación a través de ella los Jueces crean Derecho.

La estabilidad del sistema británico no debe confundirse con la gobernabilidad. Lo que Pasquino ha llamado “el secreto eficiente del modelo de Westminster”, es el producto de las tradiciones parlamentarias, las Convenciones y el bipartidismo, con una particularidad original: los gobiernos no caen por la oposición de la mayoría en el Parlamento sino con la pérdida del liderazgo en el partido. Por lo tanto, además de la simplicidad del proceso por el que se elige Primer Ministro, se suma la recuperación o el cese de la confianza del electorado en una nueva elección una vez disuelto el Parlamento. Ante el llamado a sufragio, aquellos que votaron una oposición no integran las listas del partido que sufrió un voto de censura o de confianza en la Cámara de los Comunes, al mismo tiempo como los cargos en Ministerios, los Sub Secretarios (Juniors Ministers) y los colaboradores de los Ministros (Private Secretaries) suman más de cien puestos, la lealtad partidaria en el Parlamento se recompensa en ocasiones con funciones ejecutivas. La jerga  y la costumbre dejan entrever otro recurso político. Los parlamentarios que no ocupan cargos importantes son denominados peones (Backbenchers), deben sentarse en la bancada de la oposición para expresar su disenso al gobierno de su partido, por lo que quedan desplazados posteriormente de su agrupación política salvo definiciones expresas.

 
EL SISTEMA POLITICO DE ESTADOS UNIDOS


1.- INTRODUCCION.

            El debate sobre la organización política administrativa de las ex colonias de América del Norte declarando la Independencia, recién culminó con el dictado de la Constitución en 1787 y la ratificación de las diez primeras enmiendas el 15 de diciembre de 1791. En lo relativo a la soberanía de los Estados miembros, la Suprema Corte con la jurisprudencia del caso “Gordon vs. Unite State” en 1861, consagró el criterio de las esfera de competencia del Gobierno Federal y la de los Estados, siendo su fuente primaria la décima enmienda que expresa: “los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, no prohibidos por ella a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”.

            La Corte determinó que: “la reserva a los Estados solo puede significar la reserva de los Derechos de Soberanía que respectivamente poseían antes de la adopción de la Constitución de los Estados Unidos, y de los cuales no se habrían desprendido por ese instrumento”. Dando certeza a lo prescripto por la Constitución a través de la determinación de los Poderes Soberanos, la Suprema Corte en el caso Kansas vs. Colorado interpretó la décima enmienda sentenciando que: “esta enmienda puso en evidencia el difundido temor de que el Gobierno Nacional pudiera, bajo la apariencia de un pretendido bienestar general, intentar ejercer poderes que no habían sido otorgados. Con igual intención, los Constituyentes consideraron que tal pretensión no debería ser nunca justificada en la Ley Fundamental, y que si en el futuro mayores poderes parecieran necesarios, debían ser otorgados por el pueblo en la forma que se había dispuesto para enmendar la Ley Fundamental…. Su principal objetivo no era la distribución de poderes entre los Estados Unidos y los Estados sino una reserva al pueblo de todos los poderes no otorgados.”

            La organización Constitucional de los Estados Unidos es totalmente original, y podríamos aseverar que es una “rareza” para la época en que fue aprobada. Por otra parte, la función que cumple la Suprema Corte por el sistema de revisión judicial ha consolidado el principio de la supremacía de la Constitución con el caso Marbury vs. Madison, a la par de poder precisar que su Carta Magna no se reduce al análisis puro del texto, sino que al expresar de conformidad a lo sentenciado por Hughes: “Vivimos bajo una Constitución; pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. El Poder Judicial y su máximo órgano jerárquico es el intérprete final de la Constitución de lo que ella prescribe, consiente, limita o prohíbe, y ante un conflicto de leyes decide en última instancia cual es la aplicable al caso concreto.

            Además de la novedad incorporada con la creación del Sistema Presidencialista, la división expresa de poderes y el Estado Federal, la utilización de sus principios como modelo de pacto fundacional para casi la totalidad de las Naciones Latinoamericanas, en su proceso de independencia de las potencias europeas, lo excepcional del constitucionalismo norteamericano se asienta en la utilización de solo tres artículos con su división en secciones para la organización de los poderes, y el sistema de enmiendas para corregir las falencias o vacíos en su génesis. En este proceso histórico también se reconoce a la Independencia de los Estados de América del Norte una actitud de “rebelión” más que de revolución, por la resolución de las disidencias internas en comparación a otras movilizaciones transformadoras y emancipadoras como las revoluciones de Francia y de los países latinoamericanos.

            En buena medida, la concientización respecto de la perfectibilidad de su ordenamiento político-administrativo- se obtuvo con la difusión de las ideas y un largo debate propiciado por Alexander Hamilton seguido por otros pensadores, y la publicación de los denominados “Federalist Papers”, con edición regular en español con el título de: “El Federalista”.

            La discusión tuvo su impulso más sobresaliente a posteriori, para consensuar pasar de una Confederación de Estado a una Federación, ya que el constitucionalismo como mecanismo para la organización del poder y el control del mismo, ya se había consagrado con la práctica efectiva de los Estados con el dictado de Cartas o Constituciones internas y coetáneas, de las cuales la de Massachustts pasó a ser el paradigma.

            El desprendimiento real de la monarquía se deduce del encabezamiento de los poderes con la consagración del Poder Legislativo en el artículo 1 bajo la configuración de un Congreso de los Estados compuesto por dos Cámaras, prevaleciendo el principio de población territorial para la de Representantes, y de equidad e igualdad para la del Senado.

            El paso más importante del Constitucionalismo norteamericano estuvo dado por el hecho de evitar el intento de reformular los artículos de Confederación y unión perpetua cuya aprobación final se produjo con la ratificación del Estado de Maryland el 1º de marzo de 1781, y dictar una Constitución que entró en vigencia formalmente el 13 de septiembre de 1788 con la ratificación de once Estados, adaptando la metodología de sistema de convención para su elaboración, y disponer en su artículo 7º que: “la ratificación de la Convención de nueve Estados será suficiente para el establecimiento de ésta Constitución” haciendo lugar a lo dado en la Convención con el consentimiento unánime de los Estados presentes a los 17 días de septiembre de 1787, presidiendo la misma George Washington Diputado por Virginia.

            A lo largo del “Federalista” se observa la necesidad de organizar el país bajo un sistema diferente al de Confederación, especialmente en lo atinente a: la obligatoriedad de la ratificación de los Estados para que tenga vigencia una modificación en el articulado, el Sistema Rentístico para sufragar los gastos de la guerra o el bienestar general, la inequidad del procedimiento contributivo, la debilidad de los Estados de menores recursos, la exigencia del consentimiento total de los trece Estados para la imposición de carga impositiva, y una defectuosa regulación del comercio interior y exterior.

            De la misma declaración de la Independencia se desprende la exigencia de desligarse de “toda alianza con la Corona Británica, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña, es y debe ser disuelta totalmente” por voluntad de los “representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso”. Esta particularidad constituyó en el tiempo uno de los mayores obstáculos para la construcción de un Gobierno central supremo y efectivo. Al problema de las comunicaciones se sumaba la ausencia de una estructura que delimite al Gobierno. A las reuniones del Congreso los delegados acudían con instrucciones de sus respectivos Estados, y a su vez las ex colonias no asumían a conciencia la importancia de ceder poderes al Congreso.

            La ratificación de los Estados miembros de la Constitución conllevó la pretensión de incorporar un Bill of Rights (Declaración de Derechos). Atento a los precedentes anglosajones y las Constituciones de los Estados particulares. En opinión de Pritchett (citado por Linares Quintana) “imperó en la Convención Constituyente la teoría de que las libertades tradicionales no necesitaban una gran protección constitucional expresa”. Esta discusión encontró su respuesta con la ratificación de  las diez primera enmiendas.

            Finalmente, la relevancia del Federalista, o los 77 artículos dados a conocer por la prensa de Nueva York entre octubre de 1787 y mayo de1788, complementados luego por otros 8, ha sido reconocida por la Suprema Corte Estadounidense en reiteradas oportunidades. Publicado bajo el seudónimo de Publio tuvieron por objeto alimentar el debate sobre el mejor gobierno posible, aunque en la realidad funcionó como el comentario de la Constitución de los Estados Unidos gracias a las plumas de Hamilton, Madison, y Jay, y reconocida como “una colección de ensayos” en: “Cohen vs. Virginia” (1821), y “Pollok vs. Farmer´s Loans & Trust Co.” (1895).





            2.- LA ORGANIZACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA.

            Al ser la Constitución Estadounidense la creadora del Estado Federal, y reconociendo expresamente lo que se ha llamado el Gobierno Congresional, con la consagración del Art. 1º la primacía del Estado Federal históricamente se visualiza una pugna constante entre las atribuciones del Congreso y el incremento de los márgenes de actividad del Poder Ejecutivo con el tiempo.

            La primacía del Estado Federal comprende no solo el articulado que dispone que: la Constitución, las leyes que en su competencia se dicten, o que los Tratados hechos o que se convengan en el futuro bajo su autoridad, son la Ley Suprema de la Nación, sino también el principio sustentado por la judicatura del Órgano Federal, al definir que actos son competencia de la federación. La sucesión de hechos históricos que han requerido la intervención del Gobierno Central con el aumento de sus funciones, la ayuda de los Estados miembros con la implementación y control de política públicas, la administración de los recursos nacionales, y la doctrina de los poderes implícitos, no han desacreditado la figura del Congreso pero en la práctica han restado un equilibrio simétrico a la división de poderes a la par de preferenciar en la conciencia popular la funcionalidad del Presidente en el uso de sus facultades discrecionales.

            Se debe aclarar que el acrecentamiento de las capacidades, atribuciones, y discrecionalidad del Ejecutivo no lleva a una posición extrema del significado atribuido al “hiper presidencialismo” típico de los gobiernos latinoamericanos, o la conceptualización de democracia delegativas, acorde a las contribuciones de Guillermo O´ Donell. Las situaciones de crisis o de emergencia como: cracks financieros, intervención en conflictos bélicos, la interpretación del Poder Ejecutivo respecto de las salvaguardas de los intereses de los Estados Unidos o de sus ciudadanos y/o bienes (interna y externamente) han constituido el soporte para dar “carta blanca” al Presidente para tomar las medidas que considere apropiadas, motivadas en el estado de necesidad, la urgencia, o la emergencia, como instituto de justificación. En el análisis de los Poderes Presidenciales se constata una estrecha relación entre acción ejecutiva y política exterior, y el rol cambiante que ha tenido y tiene Norteamérica como potencia y súper potencia en el contexto internacional.

           



            3.- LA DIVISION DE PODERES.

            Un sistema orgánico de división de poderes estricto, no existe en la teoría ni en la práctica, pero la intención de los constitucionalistas americanos fue la de construir un tramado legal por el cual la concentración y sucesión en el poder elimine de la mejor manera posible el ejercicio de un gobierno sin limitaciones e irresponsable. Esto en coincidencia junto a la transmisión dinástica del trono los precedentes citados fueron determinante de las monarquías absolutas y de la aplicación del principio del derecho divino de los reyes.

            La experiencia americana ha sido mayoritariamente calificada como democrática, a la vez que aleccionadora desde su inicio como federación, tanto por los aportes de la Filosofía Política, como por la tradición jurisprudencial. Sin despreciar elementos distintivos de la etapa colonial como las nociones de “pacto”, “convención”, o “fiat”, seguidas por el absolutismo de Hobbes, el liberalismo de Locke el autogobierno de Rousseau, o la raigambre aristocrática de Montesquieu, los intereses locales ante la corona encontraron una válida expresión en las Asambleas Coloniales. Estas funcionaron contrapuestas a la autoridad de los gobernadores designados por el Gobierno Británico, a lo que se añadió el desconocimiento de las decisiones del Parlamento Inglés en base a la falta de representación de las posesiones de ultramar, por lo tanto, la división de poderes se dirigió a propender la supremacía del órgano Legislativo, frenar el avance de la administración, y tutelar los derechos ciudadanos. Los argumentos claves fueron una Constitución escrita, la inclusión de un Bill of Rights, y aceptar que las controversias se resuelvan con una judicatura independiente.

            En la teoría y la práctica, indisolublemente unidas se impusieron los siguientes principios o institutos:

            a.- División funcional del poder; con órganos que se integran en forma independiente y de conformidad a la voluntad de los gobernados, aunque el nombramiento en algunos cargos necesita la participación de más de uno de ellos.

            b.- División horizontal del poder; por lo que ninguno de ellos puede prevalecer sobre lo restantes o influenciar en grado extremo que determine que la decisión final dependa sustancialmente de un órgano externo al que constitucionalmente se otorgan las atribuciones para resolver las situaciones complejas o contradictorias.

            c.- División territorial y administrativa; con el establecimiento de un Estado Federal y un Estado miembro, que conservan en materias definidas sus competencias y soberanías, reafirmando la descentralización del poder y la soberanía popular.

            d.- Integración de los Órganos Ejecutivos y Legislativos (a nivel central) con mandatarios y representantes electos por la voluntad popular.

            e.- Control ínter orgánico a través de sistema de Checks and Balances (frenos y contrapesos).

            f.- Instauración del Gobiernos de las Leyes en detrimento de gobiernos que se rigen por la volunta de los hombres.

            g.- La Constitución como garante del ejercicio de Derechos Fundamentales a la persona humana, o ante el avasallamiento y la imposibilidad de reestablecer el Estado anterior, consentir la legitimidad de acciones reparadoras del daño causado o sufrido.

            h.- La consagración de los principios liberales con los derechos individuales dando lugar al Estado de Derecho, la división de poderes, y la democracia como estilo de vida y forma de gobierno.




4.- LOS PODERES CONSTITUIDOS.

4.1. El Presidente.

Es más sencillo referenciar al Presidente y no a la Presidencia, ya que el primero representa al Poder Ejecutivo en la conciencia y el sentir de los estadounidenses. Cada Presidente ha plasmado con su impronta un estilo poco imitable y repetible. Aunque se distingan presidencias de fuerte liderazgo frente a otras con mayores debilidades, el Presidente simboliza al conductor de los Estados Unidos, y quien dirige el destino de sus habitantes independientemente de quien lo ha votado o sus índices de exposición o popularidad.

García Pelayo traduce este correlato como “el caudillaje democrático”, esto justifica que los grados de aceptación o rechazo pueden variar, pero no incide en la percepción popular respecto de lo que el Presidente puede o debe hacer en situaciones críticas o de emergencia de esta percepción, de la doctrina de los poderes implícitos, del manejo discrecional en política que hacen a la conducción de las Relaciones Internacionales, la cuasi inexistente práctica de contrariar su voluntad en los temas más relevantes para el país, el principio de no justiciabilidad  de los actos políticos, el manejo de los recursos con la “súper poderosa” Oficina del Presupuesto, los programas federales de Asistencia Social y las jefaturas que asumen por imperio de la Constitución, han conducido históricamente a un aumento de sus competencias y su participación en áreas no delegadas.

Desde la declaración de la Independencia y la lucha por su concreción, una sumatoria de acontecimientos como la Guerra Civil,  la consolidación del capitalismo, sus intervenciones en países extranjeros, su accionar en las guerras mundiales y otros conflictos bélicos, el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la O.N.U., su combate al comunismo, el establecimiento del Estado benefactor, la crisis de los misiles, su elevación a rango de superpotencia, el triunfo en la “Guerra Fría”, la elaboración de una doctrina cambiante pero propia sobre la seguridad nacional, o el atentado del S 11, el Presidente de los EEUU ha sido internalizado como el “Conductor Natural” de los destinos de la Nación y el “Protector” de las garantías y derechos de sus ciudadanos y sus bienes, dentro y fuera de su territorio.

Aun con la existencia de liderazgos fuerte mandatarios débiles “Mr. President” es algo más que un ocupante circunstancial del Ejecutivo con mandato a término. Su autoridad –equivocado o no en sus decisiones- proviene esencialmente de haber llegado al máximo cargo de la política, incluso con independencia del partido al que pertenece, aunque generalmente responde a sus principios e intereses. La prescripción normativa de lo que puede, debe, hacer o no hacer, no constituyó un impedimento para que su poder aumente yuxtapuesto al incremento de la administración repartida en: Direcciones, Departamentos, Agencias, Jefaturas, Oficinas, algunas con dependencia directa del Presidente, basándose en la sencilla razón de que encarna el poder y sus atribuciones no tienen carácter taxativo. Esto se desprende de la propia fórmula de juramento ya que al asumir el cargo se compromete a guardar, proteger y defender la Constitución de los EEUU con lo mejor de su habilidad o sapiencia, administrar, ejecutar la Ley, conservar el orden, designar al funcionariado, manejar la política exterior, ser el Jefe de las Fuerzas Armadas, controlar el Congreso con el Derecho a Veto, nombrar los jueces de la Suprema Corte con acuerdo del Senado, ordenar el presupuesto, han sido los precedentes que permitieron que más que convertir al Ejecutivo en un Presidente con Súper poderes lo han investido como un decisor privilegiado que se encarga de ser efectivamente el poder.

Se ha reconocido por la doctrina, además de la imposición normativa que al Presidente le corresponden los poderes y atribuciones siguientes:

1.      Jefe del Poder Ejecutivo.

Por imperio del art. 2 de la Constitución el Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de los Estados Unidos de América durando su mandato un término de cuatro años, período que también alcanza al Vicepresidente que lo acompaña.

Para ser electo para al cargo debe ser ciudadano naturalizado o nativo de los EEUU, no ser menor a 35 años y contar con 14 años de residencia en el país. Por sus servicios recibe un emolumento que no puede ser disminuido durante el ejercicio del cargo quedando expresamente prohibida la acumulación de otra ocupación monetaria de la administración central o de cualquiera de sus Estados.

Por la enmienda XXII, relacionada con el prolongado liderazgo de Roosevelt se limitó el oficio de Presidente a solo dos mandatos, así mismo cuando haya desempeñado el cargo o actuado como Presidente durante más de dos años solo podrá ocupar el cargo una vez más. La enmienda también exigió que esta modificación haya sido ratificada por las legislaturas de las tres cuarta partes de los Estados dentro de los siete años de la fecha de ésta proposición  al Congreso.


2.- Comandante en Jefe del Ejército y la Marina.

Al momento del dictado de la Constitución no existía la Fuerza Aérea pero debe entenderse tácita y expresamente incluida por la judicatura que interpretó que el Presidente se encuentra en condiciones de “movilizar y utilizar toda clase de Fuerzas Armandas”, siendo esta facultad una cuestión política y no judiciable. Una amplia actividad se ha reconocido como propia en épocas de crisis.

El ejercicio del poder del Presidente exige apoyo de distinto ámbitos además del militar propiamente dicho; el Congreso, la opinión pública, los países aliados, o los organismos internacionales. Además, el poder Presidencial personalizado se ha incrementado notablemente entre fines del Siglo XX y los comienzos del Siglo XXI. Ya se ha vigorizado en casos como el la Crisis de los Misiles (1962), el conflicto de Yom Kipur (1973), o la Guerra del Golfo (1991), luego del S 11 la influencia de los políticos más cercanos al Ejecutivo posibilitó una mayor intervención en la política exterior. La percepción respecto de la seguridad nacional y del incremento al presupuesto relativo a lo militar llevó a trabajar concepciones tales como: “el hiper Presidencialismo Norteamericano”, “la amenaza del terrorismo internacional”, o “la hegemonía de los EEUU”.

En este derrotero, el Departamento de Defensa se convirtió en un pieza clave luego de su creación por Harry Truman, aunque en palabras de Koenig el alter-ego como Comandante en Jefe es el Secretario de Defensa.

Al Presidente le corresponde la designación y remoción de los Altos Mandos. En tiempos de guerra los Comandantes adláteres revisten mayor relevancia. En esta dirección se ha enfatizado el papel de Colin Powell en la primer Guerra del Golfo, destacado personalmente en el teatro de operaciones. En épocas de conflictos bélicos existe un contraste entre la autorización legal para el uso de la fuerza con los recursos militares y la justificación fáctica de la violación de los derechos fundamentales o el basamento moral del uso de la violencia.


3.- Jefe de la Administración.

Esta responsabilidad deriva de la obligación de ejecutar las leyes y nombrar funcionarios. Esta facultad puede ejercerla:
1.- Por sí mismo;
2.- Con acuerdo mayoritario del Senado;
3.- Por Legislación del Congreso se permite el nombramiento de Jefes de Departamento o Magistrados Judiciales.

En el primer caso, es donde mayor actividad despliega el Presidente, especialmente a lo concerniente a los funcionarios que deben cumplir con las exigencias que requiere la organización del servicio civil.

Las jefaturas del Departamento del Ejecutivo deben dar su opinión por escrito para el nombramiento del personal dependiente. Con la intervención del Senado en cuanto a su recomendación y consentimiento, puede celebrar tratados, designar Embajadores, otros Ministros y Cónsules, Jueces de la Suprema Corte, y otros cargos burocráticos por regla. En último término, la Constitución faculta a que el Presidente por Ley de Congreso provea los puestos para funcionarios de menor jerarquía. En esta excepción también se incluye la ocupación de vacantes en comisión en caso de que el Congreso se encuentre en período de receso, expirando la designación en la próxima sesión del Cuerpo Legislativo.

Se ha considerado que la facultad de destituir funcionarios deriva de la misma atribución de nombrarlos, pero el ejercicio fáctico de los nombramientos ha puesto en práctica lo que describen los estudiosos como la “Cortesía Senatorial”. Aunque la competencia de la Presidencia permite la designación de agentes públicos federales en cualquiera de los estados, regularmente son consultados o se pide el acuerdo a los representantes de dichos Estados en el Senado.


4.- Impulsor de la Política Exterior.

Se ha tenido en cuenta la opinión de Thomas Jefferson en los escritos federales al sostener que el Presidente goza de autonomía en la conducción de las Relaciones Exteriores. En los hechos este principio fue reforzado por Harry S. Truman que proclamó: “yo hago la política exterior americana”.

Las prerrogativas diplomáticas del Jefe del Ejecutivo se desprenden de la Constitución misma que reza: “podrá con el consentimiento del Senado celebrar Tratados, siempre que voten en su favor las dos terceras parte de los Senadores”. En el razonamiento de Burgess se encuentran dos aplicaciones particulares:

a) La facultad de celebrar Tratados es comprensiva de convenios y acuerdos, ya que quien puede lo más puede lo menos.

b) La celebración incluye dos partes; la negociación y la ratificación. La primera es exclusiva del Presidente tanto en el impulso como en el secreto. La segunda solo alcanza a la ratificación.

Las tratativas iniciadas por la Presidencia también requieren en el curso de las negociaciones –acorde con los temas en cuestión- consultas con el Senado en general, con Senadores individuales, o Legisladores que funcionan como representantes y delegados de la Política Exterior Americana. Esto se ha dado en ocasiones singulares como la Conferencia de Paz de París o la creación de la Carta de las Naciones Unidas.

Se respaldan en el texto de la Ley Fundamental parte de las facultades presidenciales al designar embajadores, comisionados, y cónsules en el extranjero.

En el artículo 2º sección 3 se declara que el Presidente recibirá embajadores y otros diplomáticos. Los acuerdos a diferencia con el Senado pueden ser ceremoniales o funcionales. Como atribuciones propias del Presidente pueden encontrarse las posibilidades de negarse a recibir a un embajador o un ministro de un Estado en particular, o de un Estado que pretende que se reconozca su independencia. A la par, el Senado también podría negarse a celebrar Tratados a los que no se reconoce la soberanía, o a recibir a los miembros diplomáticos.

En la definición de la política y las relaciones exteriores, un papel decisivo en ciertos períodos ha sido la impronta efectiva del Secretario de Estado, al delimitar cuestiones claves como la agenda temática, la capacidad de negociación, y la determinación del rumbo de la política exterior. Uno de los secretarios que dominó la escena pública durante la última parte del Siglo XX ha sido Henry Kissenger, quien entre sus “Afirmaciones Públicas” destaca lo que puede esperarse de una política exterior coherente.

“La conducción de la política exterior requiere un equilibrio entre la continuidad y el cambio. Esto no es fácil para nuestra democracia. Nuestro sistema bipartidista, nuestro equilibrio y separación de poderes, ordenada por la Constitución, nuestro proceso políticos abierto, crean la tentación de una respuesta simplificada, del nostálgico aislamiento o del moralista sentimiento de superioridad….

Y no somos una nación cualquiera. Nuestro país no puede cambiar su política exterior cada cuatro y ocho años –o dar a entender que lo hace- pues en ese caso los Estados Unidos mismo se convertirían en factor fundamental de inestabilidad en el mundo...

Naturalmente, una política exterior que insistiera en la continuidad sobre todas la cosas resultaría idiotizante, y con el tiempo caería agobiada bajo el peso de los acontecimientos. No se elige un nuevo gobierno para que siga con la política predecesora, por supuesto. No todo cambio de política debe reflejar circunstancias nuevas, y no meramente producirse por amor al cambio”.

Los tratadistas relatan que colaboradores de la Presidencia con cargos como asistente de la Casa Blanca, como C. D. Jakson en su desempeño en la Comisión de Energía Atómica, Thomas C. Mann como responsable de los Asuntos Latinoamericano en el mandato de Lyndon Jonson, o hacedores de discursos de la Casa Blanca como en el caso de la Secretaría de Estado a cargo de Don Acheson acompañan en un plano relevante en la política exterior residencial.

Kryzanek explica que la creación de la política norteamericana “no es ningún accidente” y es de “naturaleza compleja”. En esta caracterización, el presidente tiene una amplia variedad de poderes “que le permiten una clara ventaja sobre sus competidores en la política exterior, entre ellos en el Congreso, en los partidos políticos, en los medios, o en los vastos alcances de la opinión pública”.

El autor observa, la funcionalidad de poderes formales e informales. Los primeros corresponden al desarrollo de la teoría constitucional, como los reseñados anteriormente, derivados de la norma escrita. Esto comprende la mecánica de los tratados, el uso de los medios militares y la comandancia, la seguridad nacional, la paz y la guerra, la diplomacia, o la evolución hacia una noción imperial por “el uso irrestricto de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en el exterior”. Frente a lo formal, se concentran las capacidades informales. En esto se hace hincapié donde los investigadores de la presidencia incluyen los efectos sobre los estilos, el liderazgo, y la administración del personal. Aquí se debe analizar tanto el desempeño en el contexto de la toma de decisiones, como la decisión misma. Si se toma por tramo, la decisión depende tanto de la iniciativa presidencial como de la capacidad para convencer a los congresales, los grupos de interés, la prensa, y la opinión pública. De esta capacidad en la toma de decisiones también deriva la responsabilidad del sistema asesor presidencial: el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A.) entre otros organismos.



4.2 El Congreso.

La Constitución de los Estados Unidos establece un sistema bicameral conforme señala el artículo 1º que inviste al Congreso con una Cámara de Senadores y otra de Representantes. Las mismas funciones se atribuyen a ambas, aunque el sistema de comisiones parlamentarias es diferente para cada uno de ellas. Una excepción se encuentra en la posibilidad exclusiva de que la Cámara Baja inicie leyes sobre contribuciones. La doctrina clásica refiere a que la organización del Congreso determina el gobierno congresional donde se traza una dualidad clásica del Estado Federal donde la Cámara de Representantes representa al pueblo de los Estados Unidos en un todo y el Senado que representa a cada uno de los Estados.

El mandato para los representantes es de dos años y el de Senadores es de seis años. La renovación de los primeros es total por bienios y la de los segundos es parcial por tercios. El comienzo del año 2011 marcó el inicio de las sesiones correspondientes al 112 período en la Cámara de Representantes.

La elección de los legisladores actualmente es por voto directo de los ciudadanos siendo el sistema electoral regulado por los estados miembros en base a representación poblacional en la Cámara de Representantes. En el Senado se conserva el principio de equidad otorgando bancas a cada Estado. Desde la sanción del Reaportion Act de 1929, se fijó el número de representantes en 435 cifra que se mantiene hasta la fecha, aunque el Congreso está habilitado para modificar esta composición luego de practicarse un Senso Decenal. Consecuentemente por disposición constitucional y contar con U.S.A. con cincuenta Estados, la Cámara Alta tiene cien integrantes. Las denominaciones Alta (Senado) y Baja (Representantes) son tradicionales y no se desprende de regulación legislativa alguna. Se considera que la práctica parlamentaria del Senado, a través de trabajo de las comisiones, las comisiones Ad hoc  y los debates, ha tenido históricamente mayor relevancia y mejor riqueza en la actividad legislativa. De esta práctica comentada provienen la Cortesía Senatorial (de hecho) o la designación de los Magistrados Judiciales (de Iure). La importancia del Senado también surge de la duración de los mandatos ya que esta Cámara tiene posibilidades de desarrollar una política más activa y efectiva, y continua, y se ha reconocido esta trascendencia en ocasiones como en la designación de comisiones o leyes que se identifican por el nombre de los Senadores que iniciaron el proyecto o lo defendieron.

Se reconoce que a través del tiempo ha declinado el protagonismo del Ejecutivo que fue absorbiendo mayores funciones a la vez que se distingue con mayor nitidez la división de poderes, en relación, al sistema parlamentario clásico. Aun así pareciera que en períodos de normalidad el Congreso cobra importancia mientras que en la crisis o en las emergencias el Ejecutivo lidera ampliamente la política.

Las Cámaras difieren en determinadas cuestiones tales como las ya comentadas mayor continuidad en la política por parte del Senado, un amplio protagonismo de la Cámara Alta en temas vitales, y el abocamiento en la faz decisisoria, por prerrogativas de hecho y de derecho. La Presidencia en los Representantes recae en el Speaker que tradicionalmente es designado en razón de su pertenencia al partido mayoritario. En el caso del Senado el Vicepresidente electo es el Presidente de la Cámara de Senadores, y en caso de quedar a cargo de la Presidencia se elige un Presidente de Cámara pro tempore.

La mayor labor del Congreso Norteamericano depende de su actividad en las Comisiones. El primer decenio del Siglo XXI cuenta con las siguientes comisiones:

1.- Representantes:

a) Agricultura;
b) Apropiaciones;
c) Fuerzas Armadas;
d) Presupuesto;
e) Educación y Trabajo;
f) Energía y Comercio;
g) Servicios Financieros;
h) Asuntos Exteriores;
i) Seguridad de la Patria;
j) Administración de la Casa;
k) Inteligencia;
l) Judicial;
m) Recursos Naturales;
n) Reforma del Descuido y del Gobierno;
o) Ciencia y Tecnología;
p) Pequeña Empresa;
q) Estándares de Conducta Oficial;
r) Transporte e infraestructura;
s) Asuntos de los Veteranos;
t) Irregularidades en la Votación del 2 de agosto de 2007;
u) Medio.
2.- Senadores.

a) Agricultura Nutrición y Silvicultura;
b) Apropiaciones;
c) Fuerzas Armadas;
d) Actividades Bancarias;
e) Vivienda y Asuntos Urbanos;
f) Presupuesto;
g) Comercio Ciencia y Transporte;
h) Energía y Recursos Naturales;
i) Ética;
j) Habiente y Obras Públicas;
k) Finanzas;
l) Asuntos Exteriores;
m) Salud, Educación Trabajo y Pensiones;
n) Seguridad de la Patria y Asuntos Gubernamentales;
o) Asuntos Indios;
p) Inteligencia;
q) Judicial;
r) Control de Narcóticos;
s) Reglas y Administración;
t) Pequeña Empresa y Emprendimiento;
u) Asuntos de los Veteranos;
v) Vejez.

La labor del Congreso es eminentemente legislativa, pero se puede distinguir entre poderes legislativos y no legislativos. En consonancia con los escritos de Garcías Pelayo se pueden encontrar las siguientes atribuciones legislativas, con la excepción señalada de que las Leyes Tributarias solo se inician por la Cámara de Representantes:

1.- Poderes Fiscales. El texto constitucional confiere poder al Congreso para establecer y recaudar contribuciones, gravámenes, e impuestos, para pagar deudas y proveer a la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos.

2.- Poderes Monetarios y Crediticios. Aquí se incluyen facultades para contraer empréstitos, acuñar monedas, fijar su valor y el de la moneda extranjera, determinar el patrón de pesas y medidas, castigar a los falsificadores de títulos y monedas corrientes.

3.- Poderes de Regulación del Comercio Interestatal. La Jurisprudencia ha seguido un criterio amplio interpretando los términos Comercio y Regulación. Este criterio extensivo asegura el comercio interestatal y el tráfico comercial con: la navegación fluvial, el transporte de mercancía, personas, la transmisión de noticias. La producción de mercaderías incluye las relaciones de trabajo y también las relaciones contractuales cuando el fin el es comercio interestatal. La evolución del comercio también sigue un criterio lato comprendiendo las comunicaciones federales, la energía eléctrica producto de las vías fluviales, intervención en los medios de comunicación privado y fijar tarifas y condiciones de transporte. En ocasiones el Congreso trabajó sobre la fijación de cuotas de producción, el derecho de marca, la legislación anti trust y la competencia ilícita.

4.- Poder de Regulación del Comercio Internacional. Las regulaciones en esta materia se conformaron como una extensión del Comercio Internacional y es inclusiva de reglar el comercio con las naciones extranjeras y la política inmigratoria.

5.- Poder Postal. Este Poder tiene aplicación como parte de la creación del sistema de comunicaciones federales. Aquí se refiere a la creación de oficinas de correos y postas y al uso restringido y a la posibilidad de negar el uso del correo, las publicaciones, estampas, o billetes de lotería, cuando se entiende que esto es materia dañosa para el pueblo.

6.- Poderes Militares. Con la salvedad, que al momento de dictarse la Constitución la Fuerza Aérea no existía se considera que el Congreso es competente en las tres Armas, Ejército, Marina y Aviación. En consecuencia se comprenden aquí las normas para la administración, el gobierno y la reglamentación de las fuerzas, la convocatoria de milicia, su armamento y disciplina, reprimir insurrecciones y repeler invasiones. Con autorización del Estado en que se encuentre se pueden levantar fuertes, almacenes, arsenales, astilleros, y otras edificaciones. El Congreso está autorizado para generar el Derecho Militar, para regular las presas de tierra y mar, y para designar la sede del Gobierno de los Estados Unidos.

7.- Poder de Regular el Gobierno de los Territorios. Contempla la posibilidad de reglamentar el Gobierno de los Territorios tanto de los anexados como de los no incorporados. Aunque no existe una interpretación taxativa se ha considerado fundamentales para su incorporación en todos los Estados Miembros, el juicio por jurado y la uniformidad de los Impuestos.

8.- Poder de Organizar la Administración Judicial. El título 3º de la Constitución deposita el Poder Judicial de los Estados Unidos en una Corte Suprema y los Tribunales Inferiores que el Congreso instituya y establezca. Los jueces así designados conservan sus cargos mientras observen buena conducta y sus remuneraciones no pueden ser disminuidas durante el tiempo de su nombramiento.

9.- Otros Poderes. García Pelayo detalla otros poderes propios del Congreso en los que incluye: legislar en materia de naturalización, quiebra, propiedad intelectual, piratería y de crímenes en alta mar, y derechos de gentes.


El Congreso tiene tres pautas fijadas para el funcionamiento del Poder Judicial.

a) Autoriza la creación de los Tribunales Federales inferiores a la Corte Suprema, determina su competencia y el número de jueces en los Tribunales.

b) El Senado confirma los candidatos propuestos por el Presidente.

c) El Congreso aprueba el Presupuesto, y en el mismo se incluye el porcentaje que se destina para el funcionamiento de la Justicia (0,2 % a comienzos del 2000).



4.3 El Poder Judicial.

La constitución política de los Estados Unidos permite la doble competencia al reconocer la estructura de los Tribunales Federales, y la de cada uno de los Estados Miembros, aunque se reserva resolver los asuntos referentes a la constitucionalidad de las Leyes Federales a todos los tribunales y jueces federales. A continuación graficamos la estructura de los Tribunales Federales.




Los Tribunales Federales de los Estados Unidos

Corte Suprema
De los EE.UU
                                                                           Corte Suprema

Tribunal de Apelación
12 tribunales de apelación
Regionales y el Tribunal del
Circuito Federal

                                                                                 Tribunales de apelación

Tribunales Federales de los EE.UU
94 distritos judiciales
Tribunales de Quiebra de los Estados Unidos
Tribunal de Comercio Internacional
Tribunal de Reclamos Federales
                                                                                             Tribunales de
                                                                                              Primera Instancia

Tribunales Militares (primera instancia y de apelación)
Tribunal de Apelación de Veteranos de los EE.UU.
Tribunal de Tributación de los Estados Unidos
Oficinas y juntas directivas de dependencia administrativa

                                                                                    Otros Tribunales Federales
                                                                                   que no son parte del Poder
                                                                                  Judicial


 
Tribunales de Primera Instancia.

Los Tribunales Federales conocen en todo tipo de causa. Hay 94 distritos Judiciales Federales que a su vez incluyen uno o más tribunales en cada Estado, Distrito de Columbia, Puerto Rico y territorios de ultramar.




Tribunales de Apelación.

Los 94 distritos judiciales se dividen en 12 circuitos regionales y cada uno de ellos cuenta con un Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación interviene en toda causa donde haya una sentencia de un Juez Federal. Los jueces solo revisan la causa si uno o más parte interesada apelan en tiempo y forma el decisorio de los Tribunales Inferiores o de la dependencia administrativa.

En el caso del Tribunal de Apelación del Distrito Federal puede intervenir con competencia nacional en apelaciones en causas especiales como; Leyes de Patente, resoluciones de los Tribunales de a) Comercio Internacional, y b) Reclamos Federales.

Corte Suprema de los Estados Unidos.

El tribunal de mayor rango es la Corte Suprema compuesta por el Presidente del Tribunal y ocho Magistrados.

El Tribunal opera en pleno con nueve magistrados, y para conocer una causa se requiere el acuerdo de cuatro de los magistrados.

Competencia.

El Poder Judicial de los Tribunales Federales entiende en todo tipo de causa de acuerdo a las disposiciones constitucionales, en estas se incluyen: caso de derecho y de equidad que deriven la Constitución, de las Leyes de los EE.UU. y de los tratados.

El Poder Judicial entiende también en casos que afecten a Embajadores, otros Ministros Públicos y Cónsules, caso del Almirantazgo y jurisdicción marítima, las controversias en la que los Estados Unidos es parte, las que surjan entre dos o más Estados, entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado, entre ciudadanos de diferentes Estados, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras por concesiones de diferentes Estados y entre un Estado o sus ciudadanos y Estados, ciudadanos o súbditos extranjeros. Para los casos que afecten Embajadores, Ministros Público y Cónsules y cuando un Estados sea parte la Corte Suprema tiene jurisdicción original. En todos los otros casos la Corte intervendrá en grado de apelación.

 
Aquí una síntesis de las relaciones  y competencias entre Tribunales Federales y Estatales.


Tribunales Estatales.

Delitos según las leyes Estatales

Asuntos constitucionales estata- les y causas relacionadas con las leyes y normas estatales

Asuntos de Derecho de Familia

Disputas entre arrendatarios e inquilinos

La mayoría de las disputas de contratos privados (excepto las resueltas según leyes de Quiebra)

La mayoría de los asuntos relacionados con la regulación de las profesiones y oficios

Asuntos de negligencia profesio – nal

La mayoría de los asuntos relacionados con la administración interna de asociaciones mercantiles como sociedades anónimas y empresas

La mayoría de demandas por daños personales

Asuntos testamentarios y de herencia

La mayoría de las infracciones de tránsito y el registro de vehículos
Tribunales Federales

Delitos según las leyes promul – gadas por el Congreso

Mayoría de causas relacionadas con leyes y normas federales (por ejemplo: tributación, Seguri- dad Social, radiodifusión, dere – chos Civiles)

Asuntos de comercio interestatal e Internacional, incluyendo nor – mas para compañías aéreas y fe- rroviarias

Causas relacionadas con las normas de la bolsa de valores, incluyendo la adquisición de entidades de Derecho Público

Causas de Derecho Marítimo

Asuntos de Comercio Internacio- nal

Asuntos de patentes, Derechos de autor y otros de propiedad intelectual

Causas relacionadas con tratados, otros países y con extranjeros

Disputas sobre leyes estatales entre ciudadanos de distintos Estados

Asunto de quiebra

Diligencias de Hábeas Corpus
Tribunales Estatales o Federales
Delitos punibles tanto por leyes federales como estatales

Asuntos constitucionales federa- les

Ciertos reclamos de Derecho Civiles

Demanda colectivas

Normas ambientales

Ciertas disputas relacionadas con leyes federales



Fuente Thurgood Marshall Federal Judiciary Building –Waschigton-


            García Pelayo explica que el ordenamiento jurídico estadounidense se integra con tres elementos:

a)      El Statute Law que es distintivo de la legislación escrita, aunque inferior al Statute Law Inglés ya que el estadounidense está sometido a revisión judicial.
b)      El Common Law, expresado por la costumbre en base a la decisión judicial, así toda sentencia por resolución de la judicatura es un precedente para resolver en el futuro.
c)      La Equity es una creación de carácter subsidiaria que proporciona medios jurídicos exclusivamente en cuestiones de derecho de la propiedad.

Como parte de la declaración de derechos (Bill of Rights) establecida en las diez  primeras enmiendas de la Constitución se introdujo el sistema de juicio oral y público ante un jurado en causas de materia penal y/o civil, tomando los antecedentes de procedimiento anglosajón. Esto comprende el derecho de ser juzgado por un jurado y prestar servicio en un jurado. Existen dos tipos de jurado en el Tribunal Federal de Primera Instancia, los jurados en un juicio oral y público (Petit Juries) y los jurados de acusación o indagatorio (Grand Jury).

En materia civil regularmente un jurado se integra con un número de seis a doce personas. En causas penales el jurado se compone de doce integrantes y su decisión consiste en decidir la inocencia o culpabilidad de la persona a quien se le imputa un delito. En ambos tipos de causas (civiles y penales) los veredictos deben ser unánimes. Las deliberaciones se realizan en privado y como excepción las partes de una causa civil pueden aceptar un veredicto sin unanimidad.

El jurado de acusación o indagatorio tiene una composición de dieciséis a veintitrés miembros, su labor se efectúa con la presentación de pruebas por parte del Procurador Federal ante el jurado de acusación o indagatoria para que determine la existencia (motivo fundado) de que un sujeto ha cometido un crimen y debe ser procesado.

Los candidatos a jurado son elegidos al azar entre los que se encuentran empadronados en un registro y quienes tengan licencia de conductor. Deben integrar cuestionarios para determinar si son idóneos, y del total seleccionado se elige al azar quienes serán citados para prestar servicio, el juez y los abogados trabajan en el examen preliminar de un jurado, quienes determinan la idoneidad de quienes intervendrán en el proceso. El juez exime de prestar servicio a quien conozca alguna de las partes involucrada en el proceso, que tengan conocimiento específico sobre la causa, o aquellos que expresen fuertes prejuicios. La legislación procesal también permite que los abogados eximan a un número cierto de jurados en una causa. Quienes presten servicios efectivamente son remunerados con una modesta suma


5.- Aspectos distintivos del sistema político americano.

1)      El Lobby.

      a) El Lobby. La labor desplegada por los grupos de presión está consentida y regulada en la historia política estadounidense desde muy temprano. La definición del responsable de generar actividades como gestor de un grupo presión que puede tener influencia en el seno del Congreso y sus legisladores, dirigiendo su accionar tanto para defender los intereses de un sector concreto o una causa determinada, como para defender un proyecto específico, teniendo como compensación una paga monetaria por sus servicios.

       El lobbysta está legitimado para trabajar desde la misma aparición  de un proyecto hasta su culminación, pudiendo tomar parte en su creación o en la defensa o rechazo del mismo, haciendo publicidad y campaña y manteniendo reuniones con los congresales, además de sumar a esto reuniones sociales y públicas en la pretensión de aumentar sus adhesiones.

       El acta de Regulation del Lobby (Regulation of Lobbyng), considera que un lobbysta es una persona individual o colectiva “que por si mismo o a través de agente o empleado de otras personas o de cualquier manera que sea, directa o indirectamente, solicite, recaude o reciba dinero o cualquier otra cosa de valor, para ser usada principalmente en ayudar al cumplimiento de cualquiera de los objetivos siguientes; a)la aprobación o desaprobación de cualquier legislación por el Congreso de los Estados Unidos, b)influir directa o indirectamente la aprobación o desaprobación de cualquier legislación por el Congreso de los Estados Unidos”.

      La regulación  de estas actividades requiere la inscripción en un registro, la declaración de los ingresos percibidos, y el consentimiento para someterse a la normativa regulatoria y el régimen de sanciones. Una característica singular es que el lobbysta no necesita tener pertenencia a algún partido determinado, cobran remuneración por su trabajo, y promueven tanto el apoyo o rechazo de un interés o de una ley determinada, con el propósito de influir sobre la opinión de los votantes o de los grupos de interés y de presión.  

     
      b) Los filibusteros.     
  
      Como producto de la falta de una oposición parlamentaria similar a la existente en el sistema británico, la tradición americana  se basa principalmente –como hemos comentado antes-, en la concentración de poder por fuera del órgano legislativo, la  preponderancia del Senado, y el entendimiento que quien posee la mayoría en una Cámara manda representando los intereses de los partidos políticos. En esta orientación el trabajo de los congresales en las sesiones es mucho mas pasivo atento a las facultades del speaker, y mas activo en el seno de las comisiones.

       Uno de los recursos que ha utilizado el sistema político como práctica en el Senado es la amplitud en la discusión y la libertad plena en los debates. Como contrapartida, una vía típica de obstrucción de sanción de una ley es la actividad de los llamados filibusteros, denominando así a los Senadores que hacen uso de la palabra durante largo tiempo a efectos de dilatar el tiempo necesario para aprobar una ley, especialmente en los períodos propios de la culminación del año legislativo. La particularidad de esta práctica es que no necesariamente los temas de los que se habla tienen relación con los objetivos y fundamentos de los proyectos presentados. Como ejemplo y anécdota, García Pelayo cita el caso del Senador Heflin “que obsequió al Senado con sus propios poemas which were not masterpieces”.

        David R. Jones, en un estudio que analiza la labor del Senado en el período 1947-1998 sostiene que la actividad de los filibusteros no es una intervención simple para sostener una política dilatoria o de rechazo, sino que “el cálculo estratégico de decisión del filibustero es multifacético y complejo”.

         Jones sostiene que el filibusterismo no implica siempre la persecución de objetivos políticos, sino que en ocasiones puede obrar para ausencia de ellos o valorar otras acciones que signifiquen propósitos no solo dilatorios. Estimar racionalmente costos y beneficios puede propender a disminuir o frenar a los filibusteros, y a su vez, trabajar recíprocamente para ocasiones posteriores evitando las dilaciones. Las hipótesis  concretas que señala el autor donde los congresales no incentivan el filibusterismo son:      
    
      l)  La labor legislativa no es compleja, o en términos corrientes: “dura”.

2)      Cuando los partidos políticos no están polarizados, ya que en caso contrario no serían factibles las negociaciones de intercambios o transacciones.

3)      Si hay un interés potencial de parte de la Presidencia en un  proyecto      concreto de ley, y las posibilidades de represalias o sanciones tácitas se       aumentan  considerablemente.

4)      El cumplimiento del artículo XXII del Reglamento Interno del Senado de los Estados Unidos que limita los aplazamientos o el tratamiento de las cuestiones pendientes, y por lo tanto tendrán precedencia aquellas cuestiones que la Cámara apruebe por resolución favorable de las tres quintas partes de los Senadores electos el agotamiento del tema.

5)      En los casos en que los temas, en opinión misma de los Senadores, no        respondan a lo que determinen como legislación relevante o mayor.   

En esta apretada síntesis la puja entre la presión entre Senadores se convalida como hemos visto de manifestaciones diversas. Lo interesante del trabajo de Jones es que tanto por la reglamentación como por la relación costo, beneficio el filibusterismo no siempre es aconsejable como una práctica efectiva para obtener los resultados deseados.


6.- Entre la Hegemonía y el Imperio.

Tal como hemos sostenido en otro trabajo se discute hoy respecto de si el papel que asume Estados Unidos es de una potencia hegemónica o imperial.

Este debate de larga data pareciera que es más acorde con la supremacía de las teorías realistas en el plano de las relaciones internacionales, ya  provenga ésta tendencia de Estados Unidos, Francia, y otros países que a lo largo del Siglo XX trataron las doctrinas de la contención, el expansionismo soviético, la guerra fría, el paraguas nuclear, el equilibrio del poder, o la caída del muro, entre otros ejemplos.

A tres cuartos de la penúltima centuria Raymond Arón referíe el carácter expansionista de Estados Unidos desde su misma independencia, y la opción de dominar el Siglo XVII, al del Imperio Americano el Siglo XIX al del destino manifiesto, y el Siglo XX de la República Imperial. Inteligentemente éste autor también refiere al carácter expansionista de la política norteamericana desde su primaria consolidación como Estado y, el abandono del aislacionismo impulsado por las dos grandes guerras. En éste envión no se puede evitar la mixtura de los intereses políticos con los económicos en el pensamiento americano donde se discute la conducta diplomático-estratégica y su determinación por la economía estadounidense y su supremacía militar.

En este escenario citamos parte de las conclusiones vertidas en nuestra ponencia “El Estado Hoy”

“Tanto el proceso de globalización, como la economía multinacional, mezcladas con el impulso neoliberal producto del Consenso de Washington, (terminología discutida pero finalmente aceptada), tuvieron su intento de superación en el Cono Sur, con los Procesos de Integración Regional, constituido originalmente en el bloque MERCOSUR (Argentina, -Brasil, Uruguay, Paraguay), ampliado luego a otros países, aunque no los últimos como miembros plenamente integrados.  

El argumento de peso era que la liberalización de la economía serviría para resolver la crisis del agotamiento del Estado de Bienestar, se constituiría en motor del desarrollo, y tornaría a los países mas competitivos en búsqueda de un mercado ya planetario. 

A su vez, la caída del muro, la no intervención del Pacto de Varsovia, y la fragmentación de la Unión Soviética, reflotaron nuevamente el anhelo de la reconstitución de Estados Nación en Europa Oriental, en base a elementos despreciados anteriormente como las etnias, o las religiones, los nacionalismos, a través de la creación de estados dibujados artificialmente en relación a sus fronteras originales, o agrupados por medio de la fuerza y de la ideología imperante.

El triunfo del capitalismo allanaba el camino mas que para el establecimiento de EE UU como potencia hegemónica, para el “pensamiento único” sin fronteras. Si internacionalmente se preveía también un mayor diálogo internacional, y una liberación del presupuesto dedicado a lo militar hacia otras áreas como la salud o la educación en las potencias europeas, la Academia lanzaba dos productos que funcionarían contrapuestos. Por un lado Fukuyama anunciaba “el fin de la historia” por la derrota del comunismo, y Huntington vaticinaba “el choque de las civilizaciones”. Ni uno ni otro. El neoliberalismo sería un fracaso a lo largo de toda América Latina, el primer conflicto serio se daría entre orientales que comparten la misma civilización.

La llamada “Guerra del Golfo”  pondría sobre el tapete nuevamente la discusión sobre la soberanía y el restablecimiento del “orden internacional” a través de los mecanismos adecuados, ergo, la Organización de las Naciones Unidas. 

            La noción de la soberanía se levanta contra el orden imperial, pero es mucho más discutible su prevalencia cuando se trata del reconocimiento de una potencia hegemónica.  Esto tiene que ver con la creencia generalizada que ambos conceptos (potencia hegemónica  e imperio) determinan el “Orden Internacional” a partir de la invasión a Afganistán luego del S/11, sin embargo, la doctrina de la “acción preventiva” y la definición de “Estados fallidos” y “Estados Canallas”, es anterior”.                   
          
               Después del  11 de septiembre se revitalizó la discusión sobre estos Estados y se incorporó con mayor envergadura el proceso de militarización de la política en relación a los mismos.  

                 El cuadro de los documentos estratégicos se complementa con la descripción de los peligros que acechan la política de seguridad/exterior de EEUU, los gobiernos tiránicos con armas de destrucción masiva, el terrorismo islámico, y los Estados “fallidos”.

             La política post S/11 radicalizó también su postura respecto de quienes eran los Estados canallas. No cabe duda alguna que en estos momentos encabezan la lista por razones de seguridad y política exterior Irán, y Corea del Norte, por su política agresiva en  la carrera armamentista nuclear. La postura estadounidense en, estos casos, el alojamiento del derecho internacional y del multilateralismo, y regresar a una política de alianzas estratégicas, de acuerdo a sus intereses, basada en el bilateralismo. Esta vertiente también ha sido seguido en lo económico, no solo en lo estratégico militar, y la última experiencia con la invasión a Irak. Ha sincerado el mundo de las alianzas, y ha incrementado las amenazas para los intereses de EEUU. En este último punto, el narcoterrorismo es una nueva categoría y los desplazamientos masivos de población, un síndrome de alerta cotidiano.

La opinión mayoritaria parece inclinarse a favor de que la política de George Bush (h), ha cambiado su orientación inicial sin que ello constituya un viraje rotundo en las líneas anteriores de George Bush padre, y Bill Clinton. La definición de nuevas amenazas orientó la calificación de la política en la relación amigo-enemigo, posición discutida por algunos en cuanto a que Carl Schmitt, mantenía su propia postura en relaciones internacionales.

Un trazado de similitud puede encontrase en el gabinete de Bush hijo, que cobijó a varios adláteres de su padre. Pero las respuestas en política exterior de los presidentes familiares aparentan ser diferentes. El padre recurrió a la legalidad, al multilateralismo y a la contención cuando fuera posible. El hijo, recurre al unilateralismo, la defensa de los intereses particulares y el militarismo. 

A fin de trazar un eje de discontinuidad Mann cita dos discursos:

George Bush (p): “Vemos que se acerca un mundo nuevo. Un mundo en el que existe una auténtica posibilidad de que surja un nuevo orden mundial…en el que los principios de justicia y juego limpio…. Protejan al débil del fuerte. Un mundo en que las Naciones Unidas, liberadas del punto muerto que supuso la Guerra Fría, disfruten de la suficiente ecuanimidad como para estar a la altura de la visión histórica de sus fundadores. Un mundo en el que la libertad y el respeto por la humanidad habitarán entre las naciones… ni siquiera el nuevo orden mundial  puede garantizar una era de paz perpetua. Sin embargo, nuestra misión debe consistir en el logro de una paz duradera”

                                                                                       MARZO DE 1991. 

George Bush (h): “Si es necesario no dudaremos en actuar por nuestra cuenta para ejercer nuestro derecho de autodefensa actuando de forma preventiva …nuestra mejor defensa es un buen ataque…debemos adaptar el concepto de una amenaza inminente a las capacidades y los objetivos de nuestros actuales adversarios…si es necesario Estados Unidos actuará de forma preventiva para impedir o prevenir los actos hostiles de nuestros adversarios. 

                                                                                       SEPTIEMBRE DE 2002

Un año después del atentado a las Torres Gemelas, el Presidente norteamericano, ya estaba embarcado en la búsqueda planetaria de los cabecillas del terrorismo, había invadido Afganistán y preparaba su incursión a Irak. A la par, cambiaba sustancialmente su política hacia Latinoamérica, y seguía los consejos de Wolfowitz y la doctrina de la “guerra preventiva”. James Carroll enseña que justo antes de que Clinton asuma Wolfowitz escribía un documento titulado “Defense Planning Guidade”, donde trazaba los lineamientos de la estrategia militar post-guerra fría. En síntesis  defendía los postulados de un EEUU a la vanguardia, despreciando los sueños del cooperativismo internacional, aludiendo a que tradicionalmente se renunció a esta postura y nunca se asumía, y particularmente lo que primaba era la visión unilateral de Washington.

Wolfowitz explicaba la necesidad de la guerra preventiva en términos de intervención armada, para remover la capacidad de otras naciones de desarrollar, y mucho menos utilizar, armas nucleares y de destrucción masiva. Esto se posibilitaba abandonando la diplomacia y el multilateralismo a favor del militarismo. “Your friends Hill be protected and taken care of”…. Your enemies will be punished and …those who refuse to support you will live  to regret having done so.”.

           Hay coincidencia en el cambio de política exterior  y de defensa de Estados Unidos, en base a criterios para  preservar la seguridad, en torno de lo siguiente:

          1) La cooperación internacional colectiva  es reemplazada por el interés particular de EEUU.

          2) El militarismo reemplaza a otras formas de dominación y penetración como la ayuda económica, la solidaria, o la financiera. 

          3) El multilateralismo, es  sustituido por alianzas bilaterales ad-hoc.

          4) Los Estados se clasifican en  base a “estar con Estados Unidos” como aliados, y en caso de no compartir su política como enemigos o potenciales enemigos.


          5) Los intentos de Bush padre pasaban por lograr una paz duradera, los de Bush hijo por aumentar la seguridad nacional sacrificando las libertades.

          6) El enemigo no solo es quien actúa contra EEUU, sino también quien amenaza la primacía de EEUU, por lo tanto las nuevas amenazas que se deben frenar y combatir son: el terrorismo, el narcotráfico, las migraciones,  el tráfico de personas, y la simple advertencia de desarrollo de armas de destrucción masiva.  

         Si la discusión se basara en la postura que asumirá EEUU en el futuro, optando por ser una potencia imperial o hegemónica, las características que acompañarán a  su supremacía pueden tener diferencias de grado. Según Rusell: “una y otra expresan una alta concentración de poder, aunque se distinguen claramente por el modo de extensión de es poder hacia las otras naciones. Mientras la noción de Imperio denota usualmente mecanismos formales y rígidos de control y el ejercicio unilateral de la coerción, la idea de hegemonía pone el acento en estilos de dominación mas flexibles e informales, y en la organización del consentimiento de los otros sobre la base del liderazgo del Estado que detenta la posición de supremacía”.

           Cualquiera de estas formas de dominación implica constreñir la voluntad del otro, entiéndase por otro el Estado-Nación ajeno. Por lo que se presume la pérdida de la soberanía, en el caso que los mecanismos legales estén ausentes, o quizás el acuerdo tácito ante la imposibilidad de contrarrestar la decisión del “hegemón”. Ya sea mengua soberana, o dependencia consentida o forzada, la autonomía siempre está en juego.
La posibilidad de imponer la voluntad como potencia suprema en el nuevo orden instaurado, deviene lógicamente del poderío económico y militar que ostenta EEUU”.

         En resumen,   ya se discuta la soberanía como un concepto eminentemente jurídico, o político, según otra posición, lo cierto es que en la práctica, frente a un sistema de poder planetario, con una potencia como la Estadounidense que se posiciona ya sea como Imperio o Hegemón, y despliega su poder con las siguientes características,

1) La posibilidad de intervenir en la esfera de otros países depende absolutamente de la definición de sus intereses en materia de defensa y seguridad.

2) Sus intereses, se definen unilateralmente como protectores de los Estados Unidos, o de sus ciudadanos.

3) La protección de sus intereses permite calificar a Estados que amenazan los mismos como fallidos, o canallas, a los que se suman nuevas amenazas.

4) Las nuevas amenazas también se definen unilateralmente, y pueden ser perseguidas o contrarrestadas, o combatidas, sin consideración alguna de espacios territoriales soberanos.

5) La discusión sobre la soberanía en base a la igualdad de los Estados en los organismos internacionales no tiene incidencia en la política exterior estadounidense, mucho más afín al bilateralismo ad-hoc, que al cooperativosmo internacional.

6) El cono sur seguiría funcionando como el patio trasero, en la medida que puedan intervenir en las zonas “turbulentas” como Colombia.

7) No existen por el momento otras potencias (China, Japón, Rusia, Brasil), o bloque (Unión europea), que disputen la supremacía de Estados Unidos, ni que intenten ocupar su lugar de “gendarme mundial”.

                 Frente a este cuadro de situación, se nos permite concluir que la soberanía, y la mayor autonomía o dependencia de los Estados para movilizar sus intereses, y defenderlos frente a los embates de otros,  dependerá en parte o mayormente, de lo que defina Estados Unidos como pertinente a la defensa de sus intereses, ya que en lo económico, y  lo militar,  que en definitiva terminan definiendo en términos  de poder lo político, su supremacía aparece como el factor determinante del nuevo orden internacional”.       
             


            7.- Hiperpresidencialismo.

            Otra de las características del sistema político americano deviene de la originalidad de los padres fundadores al diferenciar el gobierno monárquico imperial, y parlamentario de Gran Bretaña con el creado por la independencia de las trece colonias originalmente, hoy consagrado el gobierno de los Estados Unidos de América con cincuenta Estados internos.

            Ante el gobierno monárquico, dinástico, hereditario el modelo de división de poderes con un Presidente a la cabeza del Ejecutivo aunque el supuesto básico y primario era la preponderancia del Congreso, situación que también se reforzaba ya que una de las críticas de los estadounidenses era su falta de representación adecuada en el Órgano Legislativo. A su vez, las corrientes migratorias, provocaron la autonomía de los gobiernos locales y el nacimiento de un derecho constitucional anterior al de la nación.

Las innovaciones y trasformaciones que culminaron con la emancipación de Gran Bretaña dieron lugar al sistema presidencialista en un Estado Federal. Aunque la doctrina valore el sistema de división de poderes, el control interogánico, el Ejecutivo unipersonal electo popularmente, y el equilibrio de los poderes constituidos en la práctica con el transcurrir del tiempo y aunque no signifique una antinomia que los gobiernos democráticos integren por una parte la división de poderes y por la otra la coordinación de poderes conforme el binomio presidencialismo/parlamentarismo, el liderazgo político de Mr. President, y su gravitación sobre la opinión del electorado, la voluntad del mismo y el rol que le asigna al Ejecutivo en la política doméstica e internacional, lleva la conclusión de considerar el sistema americano como un hiperpresidencialismo. Cercano a éste pensamiento en opinión de Swanson a partir de la administración Bush hijo la ingerencia del Ejecutivo sobre los demás poderes excede largamente la pragmática presidencial hasta fin del Siglo XX. Ya hemos reseñado en parte el giro de la diplomacia y la política imperial luego del S/11 pero lo que no da margen a discusión alguna es el hecho fundamental que la opinión pública ha reforzado el criterio que el Presidente está en condiciones de invadir la independencia del Poder Judicial, debilitar al Congreso, imponer la fuerza en el exterior, en beneficio de la seguridad nacional y de la protección de los ciudadanos tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Para culminar éste acápite lo reseñado por Bobys – Dalmao – Saucedo: “desde la elección de George Washington, el poder presidencial en Estados Unidos se ha extendido mucho más allá de lo previsto en la Constitución y de lo que en el fondo exige un gobierno de, por y para el pueblo. Esta expansión, especialmente visible tras la segunda guerra mundial,  se disparó durante la co-presidencia de G. W. Bush y Dick Cheney.

La concentración de poder que Bush consiguió a costo del Congreso, los tribunales, los Estados y el pueblo mismo, ha remitido, en ámbitos concretos, a partir de la llegada de Obama. En otros, en cambio, se ha agudizado. El patrón común, en todo caso, es la consolidación, cuando no la expansión, de los poderes, presidenciales, y la conformación de un legado que quedará a disposición de presidentes futuros. Así las cosas, no es difícil entrever escenarios pocos felices derivados de un poder presidencial que se acerca, cada vez más, al poder absoluto.

Los medios de comunicación no parecen demasiado interesados en esta historia. A lo sumo abordan la cuestión de manera superficial. La desidia del Congreso es, si cabe, todavía mayor. Nada de esto sorprende, ya que los tres poderes de gobierno han sido reemplazados por el poder de los dos grandes partidos. Así, medio Congreso elige como líder a un presidente que supuestamente debería ejecutar su voluntad. Ya la otra mitad de congresistas se resigna con frecuencia a obedecer a unos “líderes” partidarios cuyo interés primordial es elegir uno de los suyos como próximo presidente. Ambos partidos, en el fondo, ven el poder presidencial como algo de lo que pueden servirse en el presente o bien en el futuro, cuando su propio candidato resulte elegido. La disputa de fondo, en definitiva, gira en torno a la herencia de esta suerte de presidencia imperial, no a su limitación”.

“Cualquier descripción realista de los actuales poderes presidenciales en Estados Unidos debería incluir facultades crecientes para elaborar leyes para hacer la guerra, para gastar dinero, para asegurar la impunidad de ciertos crímenes, para actuar en secreto, para espiar sin garantías, para detener sin cargos, e incluso para torturar. Es el Congreso, en efecto, quien todavía elabora las leyes. Pero estas pueden reescribirse a partir de declaraciones interpretativas del presidente, esto es, a través de declaraciones en las que el Presidente hace explícito su propósito de vulnerar determinadas disposiciones de la ley que le compete sancionar. Ni el Congreso ni el Presidente Obama han impugnado buena parte de las extensas declaraciones interpretativas firmadas por Bush con el objeto de alterar el sentido de las leyes. De hecho, Obama ha anunciado que sus colaboradores revisaran las declaraciones interpretativas de su predecesor solo en la medida en que sea estrictamente necesario”.

“Otra manera que tienen los Presidentes de determinar la política nacional en estos tiempos son las órdenes ejecutivas, lo que les permite gobernar al país desde la Casa Blanca y prescindir de diferentes órganos encabezados por funcionarios que cuentan con el aval del Congreso. Los presidentes también determinan la agenda legislativa del Congreso, sin que sus miembros o el público en general manifiesten mayor oposición a lo que es una auténtica perversión del sistema constitucional.

Y luego está los informes secretos. A través de ellos, los abogados de Bush en el Departamento de Justicia “legalizaron” con diligencia numerosos actos ilegales, incluyendo las guerras de agresión y tortura. A despecho de los años de tire y afloje entre la Casa Blanca y el Congreso respecto de la prohibición de la tortura, la complicidad con sus práctica ya era delito en el Derecho Penal estadounidense bajo la Ley Contra la Tortura, que autorizó la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura firmada por el Presidente Ronald Reagan”.

Frente a las características apuntadas como rasgo distintivo del modelo americano se puede aseverar que el poder presidencial ha crecido de forma inconmensurable, tanto a nivel interno como externo, sin precedencia en cuanto a su dominio en los económico, político, militar y obviamente cultural. El acceso a la justicia, la imposibilidad de sanción por los organismos internacionales, el manejo antojadizo en casos como la última invasión a Irak, donde el mismo Congreso desestimó las denuncias acerca de la posibilidad de peligro nuclear generado por Sadam Hussein pone a prueba el hecho que hoy mandan el Presidente y no el Congreso, y que en el Nuevo Orden Internacional se sigue identificando a Estados Unidos como el gendarme del mundo.